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Policía capturó a presunta banda de marcas en Cerro Colorado

La policía logró capturar este viernes a tres varones que formarían parte de una banda dedicada al reglaje y robo. Los presuntos ‘marcas’ fueron arrestados después de una persecución policial que comenzó en la avenida Mariscal Castilla y culminó en Cerro Colorado.

Según información policial, la detención se realizó aproximadamente, a las 10:30 horas, en la urbanización Cerro Colorado. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) venían siguiéndolos tras percatarse del movimiento sospechoso del vehículo.

Los tres varones se trasladaban a bordo de un auto de lunas polarizadas, de placa B4T-238. La policía identificó a sus ocupantes como Rafael Palomino Lago (25), Víctor Pacheco Cano (26) y Octavio Ramos Agostinelli (33). Este último era el propietario del vehículo.

En el interior del auto se encontraron dos pistolas, un chaleco de la policía, un bloqueador de GPS, celulares y más de mil soles. Se presume que este dinero fue sustraído a una persona horas antes de la detención.

Presuntos asaltantes fueron reducidos al intentar fugar de la policía

Antecedentes penales

Los tres detenidos formarían parte de una banda de criminales conocida como Los injertos de Lima y Cerro Colorado. De acuerdo a las investigaciones preliminares, uno de los detenidos tiene antecedentes por hurto agravado y omisión a la asistencia familiar.

La policía ordenó el traslado de los tres varones a los calabozos del Depincri mientras se investiga el hecho. Las diligencias están a cargo de la policía y de la fiscalía.

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Primero pidió el dinero al Ministerio de Salud; sin embargo, el Estado calló y contestó la minera. La gobernadora regional, Yamila Osorio, confirmó así que los 4 millones de soles para repotenciar el hospital Honorio Delgado procederán de la cuprífera, Cerro Verde.

Explicó, que se reunieron el jueves 15 de marzo. En esta ocasión, el Gobierno Regional logró que la minera ofreciera la donación de equipos médicos de última generación valorizados en 3 millones 897 mil soles. Esta suma, permitirá implementar el área de cirugía del nosocomio.

La empresa se comprometió a proporcionar 4 equipos médicos al hospital valorizados en un millón 890 mil soles. Entre los que se encuentran, un equipo de laparascopia, un ecógrafo multipropósito, un dermatomo y un equipo portátil de arco C.

Además, de un mobiliario por un valor de 997 mil 500 soles. Cuenta, con 4 camas clínicas eléctricas con colchón antiescaras, una camilla de metal, 300 camas gash y 2 camas striker. También, instrumental médico que bordea el millón de soles.

EL SILENCIO DEL MINSA

Por otro lado, la gobernadora recordó que los pedidos al Ministerio de Salud quedaron sin respuesta. Explicó, que la entidad del Estado no envió presupuesto para mejorar y adquirir equipos modernos para el área de cirugía.

“El Minsa no nos da plata. Están paralizadas las transferencias para renovar equipamiento médico. Hemos solicitado 4 millones. Sin embargo, Cerro Verde nos apoyará con este monto. Va a donar todos los equipos que hemos pedido”, resaltó.

Del mismo modo, expresó que esta donación por parte de la minera se hará efectiva en 45 días. “Esto, porque no pasa por todo el tema de las licitaciones largas que hay en el Estado”, apuntó.

Sin embargo, Yamila Osorio insistirá con el Minsa. Dijo que le pedirá presupuesto para renovar el área de Cuidados Intensivos del hospital. Esta, requiere de 2 millones de soles.

COLEGIO NACIONAL INDEPENDENCIA AMERICANA

La gobernadora, declaró durante el inició de la construcción del comedor estudiantil en el Colegio Nacional Independencia Americana. La obra, demandará un presupuesto de un millón 412 mil soles y beneficiará a los 1300 estudiantes del centro educativo.

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“Estos líos nacionales generan incertidumbre”, expresó. Yamila Osorio, la gobernadora regional de Arequipa, manifestó que el pedido de vacancia presidencial, a realizarse el 22 de marzo, despierta inestabilidad y ocasiona pérdida de tiempo.

No obstante, espera que estos “líos nacionales” se resuelvan para el bien del país y la gobernabilidad. Reiteró su opinión, en contra de la vacancia y subrayó, que vivimos en una crisis política donde los partidos tradicionales han perdido respeto.

“Lamento que en esta coyuntura, en que todos los partidos políticos tradicionales están cuestionados, traten de decir, yo estoy más limpio que tú, por tanto tengo derecho a quitarte (poder). Quién puede hablar ahora de ser más moral que el otro”, declaró.

Por ello, añadió que los peruanos sacarán sus conclusiones y que juzgarán lo que está sucediendo. Por otro lado, resaltó, que las gestiones regionales y municipales, están en un conteo regresivo. “Estamos enfocados en culminar nuestras obras”, apuntó.

FORTALECEN LABOR DE LA CONTRALORÍA

El Congreso aprobó el dictamen que propone el fortalecimiento de la Contraloría General de la República. Este, podrá destituir o inhabilitar a los funcionarios regionales y municipales elegidos por votación popular si cometen infracciones graves.

La gobernadora, se mostró crítica ante este proyecto de ley. Aseguró que le parece “desproporcionado”. Indicó, que lo único que genera es “meter más temor” en la administración pública.

“Tenemos una parálisis. Los ingenieros temen firmar cualquier documento. Este espanto, lo único que ocasiona, es que no podamos conseguir buenos profesionales porque saben que el sector público es ganarte líos administrativos y judiciales”, destacó.

Yamila Osorio recordó que las autoridades son elegidas por la población. Si ellas están en contra de su elección, continuó, pueden iniciar un proceso de revocatoria.

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El Concejo Provincial de Arequipa aprobó el Plan Específico de mitigación de riesgos de la urbanización popular de interés social (UPIS) La Galaxia, en Miraflores. Se trata de la primera, de más de 100 asociaciones en trámite, que completa el proceso para la inclusión en el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).

Según explicó el gerente del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla), Francisco Ampuero, la mayoría de los 100 asentamientos en trámite corresponden a distritos cercanos a Misti y Chachani.

El proceso inicia con la evaluación de riesgo, que se usa para el Plan Específico. El documento debe ser aprobado por la municipalidad distrital de origen, que eleva el plan al Impla. El Impla evalúa y somete el Plan Específico a consulta pública por 30 días, además de 2 exposiciones. En caso de existir observaciones, se da plazo de 15 días para subsanaciones. Tras esto, se eleva el documento al pleno del Concejo Provincial para someterse a votación.

Solo al aprobarse el plan, se levanta la condición de riesgo de la zona en cuestión. Para poder efectuarse las obras de mitigación, debe subsanarse dicha condición de riesgo. El caso de UPIS – La Galaxia es la primera experiencia de este tipo que se da en la Municipalidad Provincial. Trascendió que la asociación Tomasa Tito sería la siguiente en completar el proceso.

EVALUADORES ACREDITADOS

Ampuero recalcó que el estudio es necesario para dirimir si el riesgo es mitigable. Los encargados de la evaluación son acreditados por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

La mayoría de las 100 asociaciones están en proceso. El problema identificado es que, de acuerdo a directivas del Sinagerd, la elaboración de la evaluación de riesgo debe ser de parte de las municipales distritales. Por ello, las asociaciones están agrupándose para contratar evaluadores.

El proceso para UPIS – La Galaxia tardó alrededor de 6 meses en realizarse. Incluso se consultó al Ministerio de Vivienda y Construcción al respecto.

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Las últimas lluvias han permitido aumentar considerablemente las reservas de agua para el presente año. El ingeniero Ronald Fernández, secretario técnico del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Chili, afirmó que el volumen de agua en las represas está casi al tope.

“Está garantizado el agua para este año. Las represas se van a llenar en estos días. Aunque se va mantener un colchón de agua para evitar los embalses” aseveró.

El sistema del Chili tiene capacidad para almacenar los 409 hectómetros. El dato recopilado hasta este jueves señala que el volumen acumulado llega a 397.47. Solo faltaría recolectar aproximadamente 12 hectómetros para llenar los embalses, precisó el especialista.

Cabe mencionar que el sistema del Chili, que abastece de agua a la población y a los demás sectores productivos, está conformado por siete represas. Estas son: El Pañe, Dique los Españoles, Pillones, El Frayle, Bamputañe, Chalhuanca y Aguada Blanca.

Ronald Fernández sostuvo que al finalizar la temporada de lluvia se comenzará a soltar el agua embalsada. Aunque, la represa Aguada Blanca abrió ya sus compuertas aumentando el caudal del río Chili a 21m3/s.

Elecciones en el Consejo de Recursos Hídricos

Este año están previsto las elecciones dentro del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca Chili. El gerente de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA), Benigno Sanz, informó que se ha aprobado un cronograma electoral.

Gerente de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA), Benigno Sanz

Sanz precisó que hasta el 23 de marzo se realizará la inscripción de candidatos de cada una de las instituciones integrantes. El 3, 4 y 5 de abril  se desarrollará el proceso electoral de manera electrónica de 8 a 17 horas. Finalmente, el 6 de abril se dará a conocer los resultados en las instalaciones de la Secretaría Técnica del consejo.

Cabe señalar que el Consejo Hídrico está conformado por representantes de la Autoridad Nacional del Agua, Gobierno Regional, gobiernos locales, usuarios agrícolas, usuarios no agrarios, colegios profesionales, universidades, comunidades campesinas y un representante de proyectos especiales que operen infraestructura hidráulica pública.

 

“Lo primero que tienen que hacer los miembros del consejo es aprobar el plan de aprovechamiento de disponibilidad hídrica. Este grupo da también los permisos, da las opiniones vinculantes a todas las solicitudes de agua de diferentes usos de la región. Gestionan los presupuestos o proyectos para abastecer de agua a zonas insuficientes…”manifestó.

Entre los proyectos que se planea ejecutar está la construcción de dos represas. La primera es Casa Blanca en Yura y Toma Grande en Mollebaya. Se requiere 40 millones de soles para construir la represa en Mollebaya y 52 millones para ejecutar Casa Blanca. Para gestionar estos recursos no se descarta solicitar apoyo de las empresas privadas.

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La zona de intervención del intercambio vial Los Bomberos fue escenario de un día convulso. Obreros de construcción civil paralizaron los trabajos, en protesta por el despido intempestivo de 35 trabajadores el último sábado. No obstante, según el alcalde Alfredo Zegarra, el proyecto tendría la oposición activa de comerciantes de la zona.

El burgomaestre denunció que dirigentes del mercado Nueva Esperanza vendrían boicoteando la obra. Los opositores organizarían piquetes para cerrar las zanjas abiertas en horas de la noche. Además, se resistirían a entregar las vías a ser intervenidas para la construcción.

Alfredo Zegarra aseveró que el sabotaje podría acarrear retrasos al calendario de construcción del intercambio vial. Aunque, de momento, los avances marchan de acuerdo a lo planificado. Para evitar que se continúe con estos actos, anunció que solicitará la intervención de la Policía Nacional.

En opinión del edil, existen fines políticos tras estas acciones:

“Lamentablemente hay un grupo de arequipeños, comandados por un tal Aransáenz y un tal Aréstegui, que van a incitar a los comerciantes de la plataforma para que la obra no continúe. No pueden politizarse las obras, por cuanto son de urgente necesidad para Arequipa. Yo les pido encarecidamente a las personas que están yendo a soliviantar a la gente, que por favor, piense primero en Arequipa, y después piense en sus intereses personales y políticos”.

Asimismo, informó que la empresa trabaja en horas de tarde y noche para completar la primera etapa. Esta consiste en instalar drenajes y desvíos de desagües a la Enlozada, dado el cierre de la planta de tratamiento de Chilpinilla. Está previsto que los trabajos concluyan entre julio y agosto de este año.

BUSCAN CONCILIAR

El alcalde no quiso pronunciarse sobre el despido de 35 trabajadores de construcción civil, efectuado por el consorcio ejecutor. Dijo que conversarán con la constructora para limar asperezas con los obreros y reiniciar los trabajos.

El sábado último, se notificó a los obreros el despido. En solidaridad, los compañeros de los agraviados decidieron paralizar los trabajos. La obra se encuentra a un 5% de avance.

La protesta de los trabajadores motivó la intervención de la Fiscalía y la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional. En la obra, antes del despido, laboraban 130 trabajadores en total.

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Diversas movidas destinadas a dilatar los procesos penales que tiene en contra el expresidente regional, Juan Manuel Guillén, se han advertido en la Corte Superior de Justicia.

Además de la gran simpatía que ha hecho evidente el presidente, Eloy Zamalloa, hacia el personaje en cuestión, el Ministerio Público ha advertido inconsistencias entre los jueces que ven el caso Arequipa La Joya. Una extraña licencia para enseñar en la UNSA, alejó al juez Manfred Vera del caso. Su reemplazante, Fiorella Pastor, dispuso en un sentido y él, al retornar al cargo, dispuso otra. Hay que recordar que el Decano de la Facultad en la que el juez fue a dictar clases por tres meses, abandonando casos como éste, es el abogado de la exfuncionaria de Guillén, Sarah Peña, quien no está comprendida en este caso puntual. Aún así, la cercanía entre ellos siembra dudas, sobre las reales motivaciones de esa licencia.

Además, la injustificable sentencia absolutoria emitida por la jueza Ross Mary Quiroz, quien se trae abajo todo el sistema de contrataciones del Estado e incluso la OSCE, fue leída por partes. Leyó la parte resolutoria y se fue de vacaciones. Al retornar, solo ha leído una mínima parte, a pesar de tratarse de una decisión altamente polémica sobre un asunto de notable interés público.

¿Qué está pasando?

 

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“Traidores” ha llamado el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski a quienes quieren vacarlo. Con este epíteto no sólo ha dado la pauta para que sus partidarios empleen similares o peores calificativos, sino que ha marcado la cancha de tal manera que ya no se trata de un enfrentamiento entre adversarios políticos en una competencia democrática, sino de enemigos en una confrontación que amenaza (o ya es) una guerra.

Lo primero que revela este comportamiento es desesperación ante un inminente segundo pedido de vacancia este verano, pero también el temor que en esta oportunidad se haga realidad. La coyuntura de marzo ya no es la misma que la de diciembre. Ahora las denuncias han crecido, no sólo contra el Presidente Kuczynski sino contra el conjunto de la clase política, y ya no se trata exclusivamente de un enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Palacio de Gobierno, sino entre la representación nacional y un Presidente que no da respuestas claras a las múltiples acusaciones de corrupción que debe enfrentar.

Pero también señala que esta no es una crisis cualquiera, sino que es la crisis de un gobierno que lucha por su sobrevivencia. Esto es así, porque su cabeza y líder —el Presidente de la República— está acusado de traicionar su mandato, al poner su interés particular de gran empresario por encima del interés general que se supone debe cautelar, al haber supuestamente favorecido como funcionario público a las empresas de las que es dueño. No es que estemos desacostumbrados en estos años de neoliberalismo a ver poner el interés particular por encima del general, pero pocas veces se ha visto el mar actual de coimas, así como el crudo aprovechamiento de quien hoy es Presidente.

Esto es lo que debe definir el Congreso: si Pedro Pablo Kuczynski ha traicionado o no el mandato que obtuvo de las urnas. El juicio que van a llevar adelante los congresistas es político, se informan de los hechos que se conocen hasta hoy para formarse un criterio y proceder al voto. No se trata, como han querido confundir en estos días, de un juicio penal que necesita evidencias y el debido proceso judicial. El juicio político se rige por el procedimiento parlamentario, es sobre la capacidad de ejercer el poder democráticamente del juzgado y tiene consecuencias inmediatas.

La crisis, sin embargo, no es un asunto solo de personas, ni se solucionará exclusivamente cambiando personas. Hemos tenido, es cierto, la sucesión de cuatro gobiernos elegidos, del 2001 en adelante. Pero ha sido una continuidad pobre y políticamente precaria, que se ha basado en la represión a los movimientos sociales y el bloqueo a la renovación política impidiendo la inscripción de nuevos partidos. Esta precariedad ha llevado a una profunda frustración con la democracia que hoy alcanza niveles siderales y se plasma en una mayoría ciudadana que quiere que el Presidente se vaya. Estamos entonces ante una crisis no solo de gobierno sino de régimen democrático. Los gobernantes son y han sido corruptos y esta democracia secreta corrupción.

El régimen político, sin embargo, no crece en cualquier parte, sino en un país como el Perú en el que la relación entre economía y política sufrió un cambio importante, con el ajuste neoliberal, a principios de la década de 1990. Este cambio consistió en exacerbar una característica que venía de atrás en nuestra historia, para hacerla dominante en la reconstitución del estado peruano, el llamado “capitalismo de amigotes”. Para que las grandes empresas hicieran buenos negocios ha sido indispensable que tuvieran relaciones privilegiadas en el Estado, con aquellos funcionarios y representantes con poder e influencia políticas. La renta política pasó así a ser fundamental para el logro de una determinada tasa de ganancia. Las coimas y otras ventajas reveladas en estos meses son entonces centrales para el funcionamiento de este tipo de capitalismo.

Para el capitalismo de amigotes devino entonces indispensable el control de las instituciones democráticas. Lo vemos en el Poder Ejecutivo y más precisamente en la Presidencia de la República, y es casi seguro que la profundización de la crisis nos dará luces sobre el Congreso y el Poder judicial. Podríamos estar entonces ad portas también de una crisis sistémica: de gobierno, régimen y estado.

Este carácter sistémico de la crisis puede y debe tener dos consecuencias. Por una parte, una resistencia muy grande de quienes han usufructuado de este sistema corrupto frente a la posibilidad de un cambio porque esta forma de proceder ha significado ingentes ganancias para ellos. Por otra, la necesidad de que las alternativas que se levanten y discutan planteen transformaciones de fondo. Me refiero a cambios en la forma de organizar este capitalismo y la propia representación política.  Repetir más de los mismo sólo hará que las cosas (y las gentes) se pudran de nuevo.

Para empezar debemos entonces vacar al Presidente. Él ha venido a representar la última de esta saga de presidencias corruptas, en una democracia y un estado que (es bueno repetirlo) secretan corrupción.

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El alcalde provincial de Caylloma, Rómulo Tinta, manifestó que la crisis política retrasa la continuidad de las obras y genera desempleo. Esto, en el marco del pedido de vacancia presidencial que se desarrollará el 22 de marzo en el parlamento.

Tinta, resaltó que este es un tema “controversial” y que se viene arrastrando desde el año pasado. Destacó, que no sólo perjudica al ciudadano común y corriente, sino a las autoridades que están de salida.

“Hace que los proyectos, las transferencias, todo ello, se esté retrasando. Además, el no cumplimiento de los proyectos genera desempleo en nuestros distritos y provincias y hace que el descontento de la población crezca”, declaró.

“Hay obras paralizadas y expedientes técnicos sin financiar”, continuó. Por ello, la autoridad de Caylloma hizo un llamado a los congresistas y les pidió que sepan escoger con corrección para que el país siga “caminando”.

VACANCIA PRESIDENCIAL

Como se recuerda, el Congreso de la República acordó el nuevo pedido de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski para el próximo 22 de marzo. El mandatario, como ocurrió el último diciembre, podrá presentarse ante el Pleno con un abogado.

El pedido para destituir al presidente fue presentado por las bancadas de Frente Amplio y Nuevo Perú. Tanto, Fuerza Popular, Acción Popular y el Apra, votaron a favor de admitir la moción. No obstante, expresaron que esperarán el debate y la declaración, que rendirá el mandatario, ante la comisión Lava Jato (sobre el caso Odebrecht) para tomar una postura.

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Mostró su rechazo contra el proyecto del Gobierno Regional. Tula Espinoza, presidenta de la Asociación de Artesanos Productores del Fundo El Fierro, manifestó su disconformidad sobre el proyecto de convertir este espacio en un museo. Lo que ocasionaría, resaltó, que nos quedemos sin trabajo.

Contó que la autoridad regional, por intermedio de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, ha esbozado la posibilidad de transformar el Fundo El Fierro en un museo. En este, explicó Espinoza, habría picanterías y tiendas de pisco. “A los artesanos nos destinarían sólo dos ambientes”, se quejó.

Por ello, la presidenta manifestó que está buscando conversar con los congresistas por Arequipa. Para que los ayuden a conservar este espacio, que les pertenece desde hace varias décadas. Además, reiteró, que no dejarán de luchar por el Fundo El Fierro.

Del mismo modo, convocó a los artesanos a que se sumen a esta defensa. Expresó, también, que este local fue expropiado para todos los artesanos de la región sin ninguna distinción.

En el Fundo El Fierro, trabajan 40 artesanos productores calificados por el GRA.

LA EXPROPIACIÓN DE VELASCO

Por otro lado, Tula Espinoza apuntó que los artesanos, ocupan el Fundo El Fierro desde la década de 1970. Esto, debido al Decreto de Urgencia Nro. 020-71-VI, del 27 de abril de 1971. Emitido durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado.

“El actual gerente de Comercio Exterior y Turismo viene desconociendo al extremo de no tomar en cuenta este dispositivo legal para llevar a cabo el museo”, añadió.

ESCUELA ARTESANAL

También, contó que la asociación ha implementado una escuela gratuita de arte para enseñar a la ciudadanía. “Queremos trasmitir a las nuevas generaciones la importancia de mantener viva la cultura y la tradición arequipeña”, destacó. La escuela funciona los días de semana, a partir de las 9:00 horas.

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Los trabajos en el Tramo III de la Variante de Uchumayo han avanzado poco tras la salida de ICCGSA. Según evaluación técnica realizada por la Contraloría, la ejecución del proyecto avanzó solo un 4% desde el 19 de enero, fecha en que el GRA reinició la obra.

Como se recuerda, el Gobierno Regional de Arequipa resolvió el contrato con ICCGSA el 27 de diciembre del año pasado y tomó control de la obra el 4 de enero último, encontrándose un avance del 83%. No obstante, la última inspección de Contraloría reveló que los trabajos se encuentran a un 87%. Lo que significa un avance del 4% en casi dos meses.

La Comisión de Megaproyectos de la Contraloría realizó una inspección técnica a la obra, con miras a elaborar una Auditoría de Cumplimiento. Se sometió la vía principal y las auxiliares a pruebas de diamantina, topográficas y otras mediciones.

Además de los auditores, también participaron técnicos del Gobierno Regional y el residente de obra de la empresa Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A. (ICCGSA). La evaluación será por 90 días y contará con la participación de 10 especialistas entre ingenieros y arquitectos. La auditoría inició el 5 de febrero,

ANTECEDENTES

El Tramo III de la Variante de Uchumayo ha tenido reiterados problemas para su ejecución. En primer momento, se reportó que el GRA tuvo dificultades para entregar todos los terrenos a la constructora. Una vez iniciada la construcción, se cuestionaron continuos retrasos de parte de ICCGSA.

A fines del 2017, la empresa se vio envuelta en escándalos de corrupción tras ser relacionada a la brasileña Odebrecht. La incertidumbre alrededor de ICCGSA fue escalando y, finalmente, el GRA resolvió el contrato con la empresa el 27 de diciembre.

Desde el 19 de enero, el Gobierno Regional reinició los trabajos por administración directa. No obstante, se presentaron problemas con el suministro de insumos, por lo que se solicitaron donaciones de estos a la minera Cerro Verde.

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A través de sus redes sociales, el Ministerio Público ha puesto de manifiesto ciertas contradicciones en las resoluciones judiciales del caso Arequipa – La Joya. Exactamente, se ha hecho precisión a la disposición emitida por el juez de Paucarpata, Manfred Vera, quien ordenó a la Fiscalía presentar la acusación íntegra en un plazo de 48 horas.

Esta disposición fue emitida el último lunes y el plazo vencía este miércoles. Según la Fiscalía, el requerimiento acusatorio con más de 600 hojas se presentará  hoy  ante el despacho del magistrado para que sea remitido a los 21 acusados, entre ellos el expresidente regional Juan Manuel Guillén.

Aunque, la Fiscalía menciona que la disposición del juez Vera contradice a lo resuelto por la anterior jueza  Fiorella Pastor, quien lo reemplazó durante los meses que estuvo de licencia. La magistrada ordenó  el 13 de febrero devolver la acusación fiscal para que se precisen las pruebas existentes  para cada procesado. “El mandato fue debidamente cumplido por el Ministerio Público en el plazo otorgado”, se señala en su nota de prensa.

“Cuando retornó el Magistrado Manfred Vera Torres se reanudó la audiencia de control de acusación el 12 de marzo; sin embargo, dicho juez, en contraposición a lo que señaló la Magistrada referida, dispuso que se debía presentar un nuevo requerimiento acusatorio íntegro, dando 48 horas al Ministerio Público para ello”, reza la información de la Fiscalía.

Aquí la nota de la Fiscalía.

Posición del Poder Judicial

Desde la Corte Superior de Justicia de Arequipa se informó que la decisión del magistrado fue para ordenar mejor la acusación de la Fiscalía. Asimismo, se mencionó que los abogados defensores pidieron más tiempo para revisar los 500 nuevos medios probatorios presentados por la Fiscalía.

Finalmente, la audiencia de control de acusación del caso Arequipa – La Joya fue programada para el 6 de abril próximo, debido a la sobrecarga del juzgado.  En esta diligencia, la Fiscalía y los abogados ingresarán al debate de las pruebas.

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La Gerencia Regional de Salud Arequipa confirmó 11 casos de rabia canina en lo que va del 2018. Según personal del sector, los últimos canes con esta enfermedad fueron encontrados en los distritos de Miraflores y Yura.

Esta cifra, muestra un aproximado de cuatro animales contagiados de rabia al mes. Alrededor de nueve personas, informaron, tuvieron contacto con los perros y reciben tratamiento en centros de salud.

El penúltimo caso confirmado fue en el distrito de Miraflores. Un cachorro, fue auxiliado por un ciudadano cerca a la torrentera del distrito. Éste, cargó al animal en su espalda y se lo llevó a su casa. En el trayecto, el can, lo mordió.

Fuentes de la Gerencia de Salud contaron que las cuatro personas que tuvieron relación con este cachorro, entre ellos el dueño, están siendo tratados y observados en el hospital Goyeneche.

El último caso, sucedió en Yura. El can tendría alrededor de un año de edad y estuvo en contacto con cinco personas. Quienes, manifestaron, recibieron vacunas antirrábicas en un centro de salud de la jurisdicción.

Como se recuerda, especialistas de Salud, recomiendan a los ciudadanos evitar recoger animales en la calle. En caso de ser mordidos, lavarse la herida con agua y jabón. Después, ubicar al perro y acercarse a un centro de salud.

RABIA: MUDA Y AGRESIVA

Investigadores en Salud, han explicado que los canes pueden estar hasta tres meses con rabia latente. Es decir, sin presentar los síntomas. En esta enfermedad, existen dos tipos, la muda y la agresiva.

La muda, genera en el animal desgano para comer y beber agua. Está decaído y camina con dificultad. Mientras que la agresiva, como su nombre lo indica, despierta la violencia en el perro. Este muerde todo lo que está a su alrededor. Tampoco se alimenta y pierde el contacto con la realidad. Se oculta en lugares oscuros.

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La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa (SBPA) dispuso el incremento de los cobros base a realizarse por el uso de las zonas azules de las calles Deán Valdivia, Villalba, Carlos Llosa y óvalo Goyeneche.

En estas 4 zonas de parqueo, el pago base se incrementó en 50 céntimos, llegando así a 1.50 soles, siempre y cuando el tiempo de uso no supere las 3 horas. En caso que se exceda ese plazo, el monto a pagar ascenderá a los 3 soles.

Según explicó la gerente general de la Beneficencia, Miluska Yabar, muchos conductores hacen mal uso de las áreas de parqueo. Informó que los usuarios dejan sus vehículos por largos periodos de tiempo. Por ello, se habría optado por este incremento en los cobros:

“La medida se debe a que muchos usuarios hacen mal uso de estas zonas y permanecen hasta por más de cuatro horas”.

Además, la funcionaria indicó que malos usuarios eluden el pago por parqueo. Dijo que esperan a que el personal de la Beneficencia se retire para recién movilizar sus unidades.

LAS OTRAS ZONAS

Como se recuerda, las zonas azules aprobadas por la comuna son 27. Aparte de las 4 mencionadas al inicio de esta nota, las otras 23 mantendrán la tarifa de 1 sol. No obstante, se aplicará el incremento hasta 2 soles a partir de las 3 horas de uso.

Así, el tarifario de zonas azules queda de la siguiente manera:

  • Calle Carlos Llosa             S/ 1.50
  • Ovalo Goyeneche             S/ 1.50
  • Calle Dean Valdivia         S/ 1.50
  • Calle Villlalba                      S/ 1.50
  • Calle Perú                             S/ 1.00
  • Calle San Camilo               S/ 1.00
  • Calle Santa Catalina       S/ 1.00
  • Calle Matarani                   S/ 1.00
  • Calle Melgar                       S/ 1.00
  • Francisco Bolognesi       S/ 1.00
  • Tingo                                       S/ 1.00
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El gerente de Seguridad Ciudadana de la MPA, Marcos Hinojosa, criticó a la Justicia. Aseguró, que hay alcaldes distritales que ocasionan escándalos en estado de ebriedad y no les pasa nada. Recordó el caso del burgomaestre de La Joya, Cristian Cuadros Treviño.

“No sólo ha sido el alcalde de Callalli, Maximiliano Huayta. Sino, también, la autoridad de La Joya. Quién protagonizó un escándalo en estado de ebriedad. Agredió, mandó al diablo a la policía, se escapó y no le pasó nada”, declaró.

“No sucedió sólo una vez, sino en varias oportunidades”, continuó. Marcos Hinojosa apuntó, que a Cristian Cuadros, se le detuvo dos veces, una en el 2016 y otra en el 2017, sin embargo, explicó, hasta ahora no tiene ninguna sanción.

La primera vez, fue en octubre del 2016. Cuando el burgomaestre de La Joya salía de una fiesta y, al parecer, maltrató a un policía. De esta oportunidad, quedó una cinta de audio donde se escuchaba la supuesta agresión. No obstante, el alcalde aseguró que era su voz, pero que el audio había sido editado.

La segunda vez fue en mayo del 2017, cuando un agente de policía detuvo al alcalde por conducir una camioneta de su comuna en aparente estado de ebriedad. No obstante, transcendió que Cristian Cuadros fue dejado en libertad por disposición de la Fiscalía.

LOS OTROS FUNCIONARIOS

Como se recuerda, la última semana se detuvo al alcalde de Callalli (provincia de Caylloma) Maximiliano Huayta Gonzáles y al exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Cayma Luis Valdivia. Ambos, afrontarán en libertad la investigación penal por utilizar vehículos de la comuna para fines propios.

Los funcionarios, fueron intervenidos por la policía cuando se encontraban conduciendo los vehículos. El burgomaestre de Callalli fue detenido el domingo en Yanahuara en presunto estado de ebriedad y el exgerente de Cayma el lunes, cerca al Parque Industrial.

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Audiencia del alcalde de Callalli en módulo de Cerro Colorado

El alcalde de Callalli, Maximiliano Huayta Gonzáles y el exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Cayma, Luis Valdivia, afrontarán en libertad la investigación penal por hacer uso indebido de los vehículos del Estado.

Como se recuerda, ambos funcionarios públicos fueron detenidos por la policía cuando se encontraban a bordo de dichas unidades. El burgomaestre fue intervenido el lunes en Yanahuara, mientras que el exgerente fue detenido el lunes por la mañana en el Parque Industrial, Cercado.

Caso del gerente de Cayma

El fiscal anticorrupción Renzo Medina dispuso la liberación del exgerente  municipal la noche del lunes. Según se conoció, la decisión fue porque no existían pruebas suficientes para pedir su prisión preventiva. Además, el delito de peculado, por el que es investigado, tiene una pena de 2 a 4 años.

No obstante, el exgerente municipal se encuentra en calidad de citado en el Ministerio Público. Asimismo, se conoció que para esta investigación serán citados a declarar el alcalde de Cayma, Harberth  Zuñiga, el gerente general y dos supervisores de la comuna.

Caso de alcalde de Callalli

En las próximas 24 horas el Ministerio Público presentará acusación penal contra el alcalde Maximiliano Huayta, por el delito de desobediencia contra la autoridad. La defensa legal del burgomaestre y la Fiscalía no llegaron a un acuerdo en la audiencia de proceso inmediato que se llevó ayer a cabo en el módulo de Cerro Colorado.

La autoridad no fue procesada por el delito de peligro común debido a que se negó a pasar el dosaje etílico. No obstante, también afrontaría un proceso penal en la Fiscalía Anticorrupción por hacer uso personal de la camioneta municipal.

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La sentencia a favor de Sunat, respecto al cobro de regalías mineras a Cerro Verde, sentaría un precedente para otros procesos de cobro de deudas a la minera. Según explicó el economista Epifanio Baca, la empresa mantendría 8 laudos por un importe estimado en mil millones de dólares, incluyendo intereses.

Como se recuerda, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia ordenó a Cerro Verde el pago de 500 millones de soles por regalías mineras no pagadas, correspondientes al año 2008. No obstante, la minera adeudaría diversos impuestos entre los años 2006 y 2013.

La resistencia de empresas de grandes capitales, como Cerro Verde, a reconocer y pagar sus deudas, supondría un impacto importante al fisco nacional.

DEUDAS DE EMPRESAS AFECTAN AL PAÍS

Los ingresos tributarios del país han ido muy mal el 2017. El año pasado, solo representaron 12.7% del Producto Bruto Interno. Esto representa un retroceso para el Perú, que llegó alcanzar el 16% en impuestos.

Según el especialista, las grandes empresas judicializan sus deudas para evitar pagos. Consideró que, en deudas entrampadas en procesos judiciales, las grandes compañías evitarían el pago de alrededor de 15 mil millones de dólares.

Por otra parte, Epifanio Baca negó que el cobro de impuestos conlleve el alejamiento de inversionistas al país. Explicó que lo determinante para el ingreso de capitales privados es el precio de materias primas como el cobre, actualmente al alza. También desmintió que la actual crisis política aleje definitivamente la inversión, sino que solo representaría un freno momentáneo.

AUTORIDADES DEBEN SER COMPROMETIDAS

Finalmente, el coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana recalcó la importancia de las autoridades para el cumplimiento del pago de las grandes deudas. En el caso de Arequipa, enfatizó la necesidad de autoridades proactivas e interesadas en hacer cumplir lo dispuesto por el Poder Judicial. Consideró que los representantes de la región deberían solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, información sobre los dineros pagados por la cuprífera.

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El Ministerio Público ha reportado un alarmante aumento en el número de denuncias por violencia. La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Miriam Herrera, informó que en lo que va del año se han registrado ya 187 casos de violaciones a menores. También mencionó que los fiscales atienden aproximadamente 18 mil carpetas por violencia familiar.

Este incremento se vio reflejado en la sobrecarga de expedientes a nivel de todo el Distrito Fiscal de Arequipa. La magistrada afirmó que la región ocupa el primer lugar en tener mayor sobrecarga del país. Esto, luego de una evaluación del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, que llegó desde Lima para verificar las necesidades de la Fiscalía. Dicho grupo permanecerá hasta el próximo viernes.

Para atender el problema de la sobrecarga, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció días atrás la creación de nuevas fiscalías en Arequipa. La magistrada manifestó que una de ellas estaría destinada para atender los casos de violaciones a menores. Aunque, recalcó que los hechos de violencia no se resuelven en los despachos, sino son parte de la educación.

“Yo creo que los problemas económicos y la frustración de las personas no debe de materializarse en actos de violencia. La educación de los pequeños dentro del hogar debe retomarse en otra perspectiva. Hay que enseñarles a manejar sus procesos de ira, frustración. Eso es lo que necesitamos”, sentenció.

Dra. Miriam Herrera, presidenta de la Junta de Fiscales de Arequipa

Fiscalías para Pedregal y Mariano Melgar

Miriam Herrera precisó que contratarán cuatro fiscales penales provinciales y ocho fiscales adjuntos. Aún no se ha establecido a que despachos serán asignados, pero mencionó que uno de ellos sería enviado a El Pedregal. En esta fiscalía, el magistrado atiende 600 ¨carpetas vivas¨, cuando lo ideal sería que resuelva 100 expedientes.  Similar situación se presenta en Mariano Melgar, agregó.

En otro momento agregó que el Equipo Técnico también se encargará de evaluar los resultados obtenidos en Arequipa, tras la implementación del nuevo Código Penal, en el 2008. En aquel momento, se tenía planificado que cada fiscal tuviera solo una carga de 80 expedientes, sin embargo, esto dejó de cumplirse hace muchos años.

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Alrededor de un centenar de taxistas bloquearon los accesos al local municipal de El Filtro, exigiendo la derogatoria de la Ordenanza Municipal N° 927 y entrega de Setare para todos los vehículos destinados al taxi.

Los choferes llegaron al local provincial en marcha rodante desde los sectores de Tingo, Río Seco y 15 de Agosto. Bloquearon las calles Peral, El Filtro y Sáenz Peña, generando caos vehicular en las avenidas Arequipa y Progreso.

La referida ordenanza prohíbe el ingreso de taxis sin pasajero a la macromanzana del Centro Histórico. Los conductores refirieron que por esta ordenanza se habrían intervenido vehículos e impuesto multas.

Respecto al Setare, pidieron que el permiso sea extendido a todos los vehículos que realizan servicio de taxi, independientemente de las especificaciones técnicas de las unidades.

Como se recuerda, la Municipalidad Provincial otorgó un permiso provisional para vehículos que no cumplían con peso mínimo de una tonelada, cilindrada de 1 mil 250 centímetros cúbicos y antigüedad no mayor a 10 años. Más tarde, por disposición del Ministerio de Transportes, se dio la oportunidad para que los conductores con salvoconductos accedan a setares, siempre y cuando dispongan de vehículos que cumplan los requisitos antes citados.

SETARES SOLO PARA VEHÍCULOS QUE CUMPLEN REQUISITOS

Consultado sobre la protesta, el gerente de Transportes de la comuna, Percy Velarde, aseguró que no se entregarán permisos provisionales ni setares a ninguna unidad que no alcance el peso mínimo o la cilindrada. Dijo que realizaron un plaqueo de los taxis que tomaron parte de la marcha rodante y constataron que no cumplen con estos requisitos.

El funcionario informó que, por acuerdo del Ministerio de Transportes, no se otorgarán permisos transitorios a vehículos que no cumplan con disposiciones. Asimismo, recalcó que no cederán ante protestas. Dijo que, de hacerlo, estarían incurriendo en falta y serían pasibles de procesos administrativos sancionadores.

Respecto a la prohibición de ingreso a la macromanzana, negó que la comuna haya sancionado a taxistas que ingresen sin pasajeros. Lo que si habría realizado la comuna es una campaña de concientización a los choferes.

PIDEN QUE ALCALDE SE DISCULPE

Con pancartas en mano y pintas dirigidas hacia el alcalde Alfredo Zegarra, los taxistas dijeron sentirse traicionados al no cumplirse las promesas que el edil habría realizado en campaña. Incluso exhibieron algunos videos en que se escuchan mensajes de apoyo a los conductores durante campaña.

Visiblemente ofendidos por ser tildados de delincuentes por el alcalde, exigieron disculpas de parte del burgomaestre. Recalcaron que, de ninguna manera, volverían a votar por Alfredo Zegarra.

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