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Foto: Macronorte

Una comisión especial, nombrada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), determinó que el Título Profesional de Contador Público que obtuvo el actual contralor general de la república, Edgar Alarcón Tejada, no cumplió los requisitos de ley, por tanto, devendría en nulo.

La comisión, formada tras las denuncias de plagio en el Trabajo-Informe que empleó para titularse, estuvo integrada por los decanos de la Facultades de Derecho, Contabilidad y Filosofía y Lingüística, los doctores, Javier Lizárraga Lazo, quien la presidió, Orlando Agustín Macedo Guillen y Dante Callo Cuno.

Según el informe emitido este martes, el cual será presentado el jueves ante el Consejo, Alarcón Tejada ni siquiera cumplió los requisitos mínimos para obtener el Título, al no acreditar el mínimo de 3 años de Experiencia Profesional en el campo, razón por la que ya no se pronunciaron sobre el tema del plagio.

 

LOS REQUISITOS

De acuerdo al art. 27 Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, que regía en aquel momento, el bachiller podía optar por tres modalidades para obtener el Título Profesional: presentación y sustentación de una Tesis; rendición de un examen de suficiencia; y acreditar 3 años de experiencia profesional acompañando un Trabajo-Informe donde describa su experiencia en el campo profesional, debiendo exponer sus actividades específicas “de las que fluyan conclusiones y sugerencias para el campo profesional”. Alarcón Tejada se acogió a esta última, aunque tampoco cumplió con describir su experiencia o aportar sugerencias y conclusiones, copiando el íntegro de su contenido de un curso que recibió.

Según el art. 39 del mismo Reglamento, la documentación a ser presentada debía incluir un Certificado de Trabajo, en Original y Copia, que acredite un mínimo de 3 años de ejercicio profesional. El certificado debía especificar el Centro de Trabajo, la Fecha de Ingreso, el Cargo que ocupó; y estar firmado por el Representante Legal de la empresa o institución de que se trate. Además, era obligatorio incluir la Boleta de Pago o Constancia de Remuneración.

 

LOS DOCUMENTOS

Con una carta poder, la esposa del contralor, María Gordillo, se acercó en marzo del año 2000 a la UNSA para efectuar todos los trámites, antes que el entonces empleado de la Contraloría se apersonara a sustentar su trabajo-informe titulado por él mismo como “Trabajo de Investigación”.

En el file que obra en los archivos universitarios figuran: el Certificado de Trabajo N° 031-2000 CG/RRHH expedido en Lima el 24 de marzo de 2000 y firmado por William Angulo Cuadros, Jefe de Recursos Humanos; y Manuel García Galarreta, jefe de Administración y Finanzas. En él se hace constar que Edgar Arnold Alarcón Tejada “prestó servicios en este organismo superior de Control, desde el 3 de setiembre de 1997, hasta la fecha (marzo 2000)”. Con este documento, según concluye la Comisión, queda acreditado que no se cumplieron los 3 años mínimos de Experiencia Laboral efectiva que exigía la Ley y el Reglamento para obtener el título.

Además, en el mismo expediente figura la Boleta de Pago emitida el 31 de enero del 2000, con código N° 16959, donde figura como fecha de ingreso, nuevamente, el 3 de diciembre de 1997. Y un tercer documento, extrañamente remitido vía Fax, con fecha 3 de abril de 2000, un nuevo Certificado de Trabajo con fecha de ingreso del 3 de diciembre 1997. No existen certificados adicionales sobre otra experiencia laboral.

Lo que la comisión no ha determinado es si las autoridades de entonces fueron sorprendidas o hubo algún tipo de “especial anuencia” a la hora de admitir el expediente, puesto que el requisito básico para acogerse a esta modalidad de titulación profesional, no se cumplía en ese momento.

A pesar de no cumplir con el requisito mínimo de 3 años de experiencia profesional y el informe con aportes propios y originales, Edgar Alarcón Tejada obtuvo en tiempo récord su título profesional de Contador Público en el año 2000.

En la boleta de pago también puede leerse que el Contralor desempeñaba el cargo: XII Profesional Asistente II, cuando era obvio que aún no había obtenido el Título Profesional, lo que también configura una irregularidad, puesto que los puestos de trabajo en el sector público, deben ajustarse a la descripción, en este caso, a ostentar un Título Profesional, con el que no contaba en enero de 2000. Más aún, en el momento de su ingreso a la entidad de Control, diciembre 1997, aún no tenía ni el Bachillerato que lo obtuvo, en la modalidad “automático”, en 1998.

Inexplicablemente, apenas un año después de este cuestionado acto en el que obtuvo su Título, el actual Contralor fue nombrado Jefe de la Oficina de Administración de la Contraloría General de la República, con resolución suscrita por la entonces contralora, Carmen Higaonna.

CONCLUSIONES

La Comisión presidida por Javier Lizárraga, concluye por UNANIMIDAD, que no se cumplieron los requisitos para la obtención del Título, aunque también señala que las posibles acciones, tanto en el ámbito administrativo, como judicial, habrían prescrito.

No obstante, hacen notar que el Título Profesional de Edgar Alarcón Tejada, fue obtenido de modo fraudulento, ya que a la hora de presentar sus papeles se afirma que cumple con los requisitos lo que no podría tratarse de un error de cómputo.

En relación a las denuncias de plagio, la Comisión optó por mayoría en no pronunciarse al respecto por ser innecesario al haberse determinado que no se cumplió con el requisito formal.

Preguntado al respecto, el presidente de la Comisión, Javier Lizárraga Lazo, señaló que, efectivamente, tampoco se cumplieron las formas del Trabajo-Informe, ya que el contenido es una reproducción de un manual del SIAF, no conteniendo aportes del graduando, de ningún tipo.

En la próxima sesión de Consejo Universitario se determinaría qué medida administrativa o pronunciamiento adoptará la UNSA en relación a este hallazgo y si existen responsabilidades también por parte del personal administrativo que tramitó el expediente.

 

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Más de 400 demandas laborales fueron presentadas ante la Corte Superior de Justicia en las últimas semanas por la presunta vulneración de derechos laborales de los trabajadores de esta empresa minera. Dado el abultado número de demandas, éstas podrían ser resueltas mediante la figura de “juzgamiento anticipado”.

Así lo sugirió el presidente de la Corte, Eloy Zamalloa Campero, quien recibió a los representantes de los trabajadores mineros, explicando que esta figura contenida en la nueva Ley Procesal de Trabajo se aplica como buena práctica en la Corte, pues permite que el juez emita pronunciamiento de acuerdo a los actuados judiciales que se presentan, prescindiéndose de medios probatorios por cuanto la cuestión en litigio es de puro derecho. Así se acortan los plazos de resolución a solo 6 meses.

Durante la reunión solicitada por el gremio de trabajadores, se le informó que se presentarán 800 nuevas demandas por medio de las cuales se exige el pago de los descuentos efectuados por la empresa minera durante los días de paralización de sus actividades laborales, el cese de actos de hostilidad y la impugnación de sanciones disciplinarias impuestas por la empresa como respuesta a las huelgas realizadas por los trabajadores en meses pasados.

 

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El próximo 19 de julio se iniciará el control de acusación del proceso contra el ex presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides y 20 ex funcionarios de su gestión, por la comisión del presunto delito de colusión agravada al haber concertado, presuntamente, los términos de referencia de la licitación de la segunda etapa de la  carretera Arequipa La Joya en el año 2013 en favor de un consorcio peruano  español.

Por la cantidad de implicados y la complejidad del proceso, no ha podido establecerse el número de audiencias que harán falta realizar para terminar esta etapa intermedia de saneamiento del proceso que podría dar lugar al juicio oral de este caso de presunta corrupción, considerado como uno de los más emblemáticos de la región.

El titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo de Justicia de  Paucarpata, Manfred Vera Torres, programó esta audiencia luego de haber resuelto los múltiples incidentes procesales que formularon el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción y la defensa de los 21 imputados.

De acuerdo a la acusación fiscal que tiene más de 500 folios, los imputados deberán deslindar responsabilidades penales en cuanto a una supuesta concertación para favorecer en el proceso de licitación al “Consorcio Ingeniería Arequipa –La Joya” integrado por las empresas españolas Clothos, Epypsa y la compañía peruana de Jack López Ingenieros. Esto habría causado un perjuicio económico al Estado de 3 millones de soles.

De acuerdo a la acusación presentada por la fiscalía anticorrupción, se está pidiendo 10 años de pena efectiva  para los ex funcionarios  Jorge Luis Aguilar, ex gerente regional y para el ex asesor regional, Miguel Ocharán; además para los funcionarios, Fernando Enrique Castillo Gutiérrez, Nadia Heredia Espinoza, Victor Manuel Mantilla Chavéz, René Francisco Huanca Ramos, Rossana Patricia Morays Velásquez, Arcemia Bustamante Quispe y Juan José Vilelle Torres.

Los imputados mencionados, habrían tenido la responsabilidad de viablizar o dar conformidad al proceso de selección de esta obra, vulnerando las normas de contrataciones del Estado; según el Ministerio Público.

Para el ex presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides y su ex asesor, Delfor Sarmiento, la pena se reduce al extremo mínimo, es decir 5 años y 8 meses; de acuerdo a su avanzada edad.

Enfrentarán también el control de acusación los cómplices primarios: Fernando Toledo Arburúa ex viceministro de Economía, Jesús Eduardo Ramón Tolmos Toledo, Carlos Ríos Sánchez, Raúl Fuentes Reynoso, Carlos Roberto Camacho Sevillano, Antonio García del Villar, Ignacio Cerredo Villa, Emiliano Sanz Cañada y Sergio Hernando Alvarez para quienes se está solicitando 9 años de prisión.

 

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Por: 

Santiago Mariani (*)

¿Qué alternativa queda? Denunciar con toda la fuerza posible, articulando un discurso claro y preciso, señalando que cada uno de esos avances debilita la institucionalidad democrática, algo que tanto ha costado construir al Perú desde 2001. La ciudadanía que votó a PPK en 2016 para balancear el poder que tendría el fujimorismo en el Congreso, podría volver a sintonizar con un presidente que se disponga sin medias tintas a denunciar cada avance en contra de la institucionalidad democrática.

Los norteamericanos aprendieron en la segunda guerra mundial una dura lección que se transformaría en una suerte de trauma político. El elevado costo de intervenir en la contienda mundial les enseñó que, frente a un rival agresivo, la única alternativa es intentar contenerlo en cada intento de avance, pero jamás recurrir a apaciguarlo mediante concesiones porque eso solamente fortalece al agresor.

Antes que llegaran a esa forma de abordar la realidad, Winston Churchill había alertado acerca de la importancia de esta máxima política. Los ingleses habían quedado exhaustos con la primera guerra mundial y solamente querían escuchar de boca sus políticos la palabra “paz” antes que entrar en una nueva contienda europea. El primer Ministro Neville Chamberlain era vivado por sus compatriotas con cada concesión que le hacía a esa Alemania agresiva que iba fagocitando pedazos de Europa y que se rearmaba militarmente. Mientras Chamberlain se dejaba llevar por los cantos de sirena, Churchill, arriesgando su carrera política, predicaba en el desierto advirtiendo a los ingleses que lo único que tenían que hacer era prepararse para enfrentar a Alemania, algo que era, según su prédica, inevitable.

En 1938 Chamberlain viaja a Munich a una conferencia en la cual termina otorgando a Hitler una serie de concesiones territoriales. Regresa de ese encuentro rodeado de un aire triunfalista y declarando que tenía en su mano el papel que aseguraba la paz. Los ingleses lo reciben felices de haber logrado la paz para Europa. Churchill reacciona amargado, señalando que le habían ofrecido el deshonor o la guerra y que habían conseguido el deshonor y que ahora tendrían la guerra. En 1939 Hitler invadiría Polonia y Gran Bretaña se vería obligada a entrar nuevamente en guerra con Alemania.

Esa lección política vital llamada “apaciguamiento” perduraría por muchas décadas e influiría de manera determinante en los tomadores de decisión en Washington durante el largo conflicto posterior que tendrían con los rusos. Europa estaba en escombros y Churchill pronuncia un discurso en Estados Unidos en 1947 en el que señala que había caído una cortina de hierro en Europa del este. Desde ese momento los norteamericanos desarrollan la “doctrina de la contención” para enfrentar a su rival, la Unión Soviética, donde fuera necesario.

La máxima política de la contención ante un rival agresivo podríamos utilizarla, con las salvedades del caso, para pensar en el contexto político peruano el cual, como resultado de un diseño institucional particular (el sistema presidencial con elementos propios del parlamentarismo) pone en manos de una mayoría en el Congreso unicameral instrumentos que pueden ser utilizados de manera poco democrática (como la censura sistemática de ministros). Frente a esta situación el gobierno no tiene demasiadas alternativas, pero el camino hasta ahora intentado solamente le ha generado mayor fragilidad y vulnerabilidad frente a un rival que se sigue fortaleciendo y que seguirá avanzando.

¿Cuál fue la reacción del gobierno ante la imposición del Defensor del Pueblo, de los directores del BCR, de la censura al Ministro de Educación y del Ministro de Transportes? Mientras concedían todos esos avances casi sin reaccionar, porque suponían que el fujimorismo se aplacaría, fueron perdiendo la iniciativa política y quedando arrinconados. Mientras todo ello ha estado sucediendo el presidente habla de novelas de amor, de planes alternativos para los ministros que seguirán en la lista de expulsados y pero aún compra la falsa idea de salir en televisión con entrevistas a sus ministros para “explicarle” a la ciudadanía las cosas que están haciendo pero que no logran comunicar adecuadamente. La suposición en la que se basa esta estrategia es que la gente no entiende o no comprende la obra del gobierno, un reflejo poco feliz frente a una ciudadanía que necesita ser escuchada y atendida en sus demandas antes que ser considerada como un sujeto pasivo al que hay que abrirle los ojos con relatos acerca de todo lo supuestamente bueno que se está haciendo para ellos.

¿Qué alternativa queda? Denunciar con toda la fuerza posible, articulando un discurso claro y preciso, señalando que cada uno de esos avances debilita la institucionalidad democrática, algo que tanto ha costado construir al Perú desde 2001. La ciudadanía que votó a PPK en 2016 para balancear el poder que tendría el fujimorismo en el Congreso, podría volver a sintonizar con un presidente que se disponga sin medias tintas a denunciar cada avance en contra de la institucionalidad democrática.

El intento de recuperar y poner a la opinión pública de su lado, sería un primer paso necesario, pero no suficiente para encarar esta etapa de fragilidad estructural en la que se encuentra el gobierno.  El plano de la opinión pública es vital, pero debería estar acompañado de un cambio estructural en la forma de concebir la política (politics) y las políticas públicas (policy), procurando una relación distinta entre estado y sociedad.

En ese camino sería esencial abordar la pregunta acerca del sentido que entraña la política, el para quién gobernar y a quién representar. En este terreno lo simbólico tiene un lugar preponderante y las acciones que se toman terminan configurando la concepción política que envuelve al gobierno. Un ejemplo lo puede aclarar todo. La Oficina Nacional para el Diálogo y la Sostenibilidad, una instancia clave para encontrar equilibrios y gestionar la conflictividad política, fue desinflada y reubicada en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. En esta instancia devaluada designaron como su titular al ingeniero Luis Angel Yallico Magde, quien antes de asumir esta función era el gerente de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias de la empresa Hunt Oil. El para quién gobiernan y a quién representan se va desdibujando de sentido político con estas decisiones y se torna directamente en una clara opción por intereses concretos y definidos. En esa confusión de planos la ciudadanía se va distanciando de un gobierno que siente que no la representa en sus anhelos, demandas e intereses.

En el plano de las políticas públicas, el policy making, es el otro terreno en donde el gobierno podría jugar una partida distinta a la que se viene jugando desde hace décadas en el Perú. Es innegable que ciertos avances se han dado, pero han sido coyunturales y todavía no hay derechos universales garantizados en materia de bienes públicos de calidad. Con el inicio de un rumbo hacia un Estado que logre ocuparse de la educación y la sanidad de las mayorías que hoy no cuentan con esos servicios, el gobierno podría rápidamente encontrar una agenda de fuerte cercanía con la ciudadanía. En esa agenda está la clave para equilibrar la relación con un rival que seguirá sin darle tregua a un gobierno que entusiasma cada vez a menos peruanos.

(*) Coordinador de la Maestría en Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

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En torno a la revista de poesía Ómnibus se formó uno de los más interesantes grupos literarios del país, y seguramente el más importante del sur del Perú. Esta revista fue creada en 1977 por los arequipeños Charo Núñez, Misael Ramos, Alonso Ruiz Rosas y Oswaldo Chanove. Luego se incorporarían los limeños Patricia Alva y Oscar Malca.

Conmemorando los cuarenta años de su fundación, el Centro Cultural Peruano Norteamericano ha organizado un evento este jueves 22 a las siete de la noche. Willard Díaz y Alonso Ruiz Rosas conversarán sobre la influencia de este grupo en la literatura peruana y repasarán apasionantes anécdotas que animaron la vida cultural de Arequipa.  

Se presentará, además, el libro Lanzo mi mano como una daga contra el horizonte, un testimonio personal en clave de poesía escrito por Oswaldo Chanove que, de singular manera, resume la  enorme intensidad vital de aquellos años, ofreciendo un panorama iluminador sobre la experiencia de escribir y sobre las angustiantes interrogantes que caracterizaron a ese movimiento literario.

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La coordinadora del Centro de Emergencia Mujer (CEM), Ruth Gallegos, manifestó que en lo que va del año ya se cuentan alrededor de 3 mil casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Un aproximado, de 500 casos al mes.

“Hace 10 años se reportaban en los CEM de 40 a 60 casos. Lo que indica que hay un incremento en la violencia pero, también, en que la población está más informada y sensibilizada respecto a estos casos. Ahora más mujeres denuncian”, declaró.

“La violencia psicológica se da más. Seguida de la física y la sexual”, continuó. Ruth Gallegos advirtió que se han reportado 3 casos de feminicidios en lo que va del año y 13 tentativas.

Además, aseguró que los gobiernos locales y los CEM, están haciendo un trabajo articulado para prevenir estos sucesos. “Informamos sobre estos temas en los colegios y en las comunidades”, resaltó.

Declaró durante la reunión de trabajo “El papel de los Medios de Comunicación Social en la lucha contra la Violencia”. Evento que se realizó en el Palacio Municipal en la Plaza de Armas. Contó con la participación de la decana del Colegio de Periodistas, Karola Lara.

 

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El exgerente de Seguridad Ciudadana, Marcos Hinojosa, convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer el resultado de la investigación que se le siguió tras conocerse que en una vivienda particular se encontraron varias motos de su sector; el Ministerio Público ha archivado el caso.

“Tras realizarse 70 diligencias se ha archivado el caso contra mí. Sobre el presunto robo de motos del área de Seguridad Ciudadana durante mi gestión. Del presunto robo de autopartes y también la supuesta sustracción de combustible (…) Lo que sí ha habido es infamia, calumnia y difamación”, declaró.

“Exijo que me pidan disculpas. Mi honorabilidad ha sido mancillada”, continuó. Marcos Hinojosa está evaluando el camino que tomará ahora. No descarta volver a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), “si el alcalde (Alfredo Zegarra) lo ve bien, yo regresaría a la cabeza de la Gerencia de Seguridad Ciudadana”, recalcó.

El exgerente aseguró que él no es el objetivo. Que hay una mano negra que quiere “bajarse” la carrera política del alcalde provincial. “El es el verdadero objetivo”, expresó. No obstante, no supo explicar quienes son los que están detrás del burgomaestre.

Como se recuerda, fue suspendido de su cargo de gerente de Seguridad Ciudadana en el mes de enero. Cuando se descubrió en una casa particular, ubicada en la calle Ricardo Palma 115 C en Sachaca, 18 motos de Serenazgo, autopartes y combustible.

 

 

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El coordinador general de los Frentes de Defensa de Arequipa, Jorge Qqueso Choque, señaló que esta protesta busca la instalación de una mesa de diálogo con los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para resolver el conflicto creado sobre el incremento del pasaje público.

Explicó que en esta mesa quieren dejar sin efecto la resolución de nominación de gerente y subgerente del área de Transportes. “Por su incapacidad de resolver los problemas en estos últimos tres meses”, advirtió.

“Nada justifica que se haya incrementado el pasaje de 0.80 céntimos a un sol. Tampoco vamos a pasar por alto, estos 15 años, que se ha venido cobrando el pasaje entero a los universitarios. Sólo en Arequipa no se ha cumplido con la Ley 26271”, declaró.

Jorge Qqueso manifestó que el incremento del pasaje público se debió al estado climatológico del verano, cuando las carreteras se agrietaron por las continuas lluvias. Hecho que le pareció justo, “sin embargo ya se terminó esa temporada y los pasajes no han disminuido”, expresó.

Además, inquirió, un adulto debe pagar 0.80 céntimos y el pasaje universitario, según la ley, debe ser la mitad del pasaje general. Es decir, 0.40 céntimos. “Nos hemos reunido todos los coordinadores de los frentes de defensa de Arequipa, con los universitarios, y todos los gremios para decirles basta de este atropello”, recalcó.

El jueves 22 de junio se realizará la protesta. A las 7 de la mañana, en el frontis de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

 

 

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Tras las denuncias de contaminación en los afluentes de la cuenca Alta Tambo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de la Administración Local de Agua Tambo Alto Tambo, ha anunciado que realizará los estudios necesarios  para reconocer las causas que provocan impactos en ríos tributarios de esta cuenca, y provocaron el cambio de color de agua.

El Administrador Local de Agua Tambo Alto Tambo, Roberto Ticona Calizaya, señaló que se remitirá el informe integral del monitoreo de calidad de agua superficial ejecutado por la ANA, días atrás. Aseveró que la entidad intervino en dos oportunidades y recogió parámetros de campo y muestras de agua cuando se conoció la denuncia de autoridades y pobladores de Moquegua y Arequipa.

Ticona Calizaya indicó que como consecuencia del análisis efectuado por un laboratorio certificado (a las muestras de agua recogidas), se constató que por la naturaleza hidrogeológica y actividades antropogénicas en la zona evaluada correspondiente al río Coralaque y sus principales afluentes, se evidenció la presencia de metales pesados como aluminio, hierro, cobre y manganeso, excediendo los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, categoría 3 que establece “Riego de Vegetales y Bebida de Animales”.

No obstante, precisó que los resultados del monitoreo realizado el día 19 de mayo pasado, indican que estos cuerpos de agua evaluados se encuentran afectados y que aún no se pudo identificar la causa de afectación. Por ello, remarcó que la identificación de fuentes contaminantes será relevante y se liderará una red de alerta temprana, para conocer sobre hechos o acontecimientos en relación a la conservación y protección de los recursos hídricos en la cuenca.

Estos estudios se realizarán tras el acuerdo firmado entre autoridades de Moquegua y Arequipa, y se ejecutará en coordinación con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), abarcando la zona de influencia de la unidad operativa Tukari, de la empresa Aruntani, y áreas aledañas.

 

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Como parte del Programa Regional de Vivienda y Suelo (Previs), del Gobierno Regional de Arequipa. El lunes, se suscribió con la Municipalidad Distrital de Yura un convenio de cooperación interinstitucional para la promoción e implementación de  un proyecto de vivienda social en Yura, que tiene como meta la construcción y venta de 2 mil 500 viviendas.

Mediante el convenio, el GRA junto a la comuna de Yura, agilizaran todo los trámites respectivos bajo su competencia, como es el caso de habilitaciones urbanas.  “Este es un paso importante, un respaldo para avanzar rápidamente en este proyecto”, declaro la gobernadora Yamila Osorio.

Con este proyecto se busca contar con un proyecto de vivienda modelo  de desarrollo y de ocupación ordenada y planificada, donde se oferte un promedio de 2 mil 500 viviendas  dignas que cuentan con los servicios públicos  básicos y recreativos que permita que la población pueda vivir con bienestar.

“Nosotros estamos convencidos de que Yura tiene todo el potencial para ser un polo de desarrollo, por eso estamos trabajando en proyectos como la Nueva Vía al Cono Norte, Autopista Yura-La Joya, el Proyecto de Vivienda Yura, entre otros que van a cambiar la imagen a este distrito”, manifestó Osorio.

Este proyecto de vivienda se ejecutará con inversión privada. Ante la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada ya se presentaron dos iniciativas privadas, de las cuales una subsanó observaciones por lo que en los próximos días debe ser admitida a trámite para su evaluación.  Este proceso será muy ágil pues  no requerirá opinión de organismos como el Ministerio de Economía y Finanzas o Proinversión puesto que el GRA no entregará garantías o financiamiento, por lo que se estima que a inicios del próximo año se adjudique el proyecto.

El Fondo MiVivienda se encuentra dispuesto a respaldar este proyecto, por lo que se viene preparando un convenio de cooperación para la asignación de bonos no retornables que permitan a la población mayor posibilidad de acceder a estas viviendas.

Cada vivienda de aproximadamente 90 metros cuadrados de terreno, con un área construida de 60m2, tendrá un costo de 60 mil soles, de los cuales aproximadamente 18 mil soles sería subsidiado por el Gobierno Nacional a través del Fondo MiVivienda; el resto podrá ser pagado por espacio de 20 años, con cuotas mensuales de 200 a 300 soles.

El proyecto se ejecutará en un área total de 50.1043 has, ubicados en el kilómetro 16 de la carretera Arequipa-Yura, inscritos debidamente en el registro de predios de Arequipa, a nombre del Estado a cargo del GORE Arequipa. Los terrenos se encuentran zonificados para el uso de vivienda Residencial Media Tipo 1 – RDM 1 de acuerdo al Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, aprobado por Ordenanza Municipal N° 961 de 03/02/2016. Están en condición de eriazos, próximos a áreas en proceso de consolidación urbana.

 

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El Sindicato Regional de Serenos de Arequipa suspendió el paro de 24 horas convocado para este lunes. La decisión fue tomada luego que dirigentes sindicales se reunieran con el asesor legal del despacho de alcaldía, Luis Begazo.

El secretario general del sindicato, Fredy Flores, dio anuncio de la suspensión e informó que se reunirán con el alcalde Alfredo Zegarra el miércoles. Los serenos exigen el retiro de la gerente de Seguridad Ciudadana, Patricia Torreblanca.

Los serenos justifican su pedido por supuestas irregularidades en la gestión de Torreblanca al frente de la gerencia. Según señala Flores, algunos vehículos utilizados por los serenos estarían circulando sin Soat ni control de humos. Además de estar en mal estado.

Por otra parte, también trascendieron acusaciones de tratos “especiales” a algunos serenos que no estarían ejecutando sus funciones y serían mantenidos en oficina. Respecto a los señalamientos de Flores, Patricia Torreblanca sostuvo que el dirigente representa a unos pocos serenos, además cuestionó el valor de las demandas del grupo.

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La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa será la encargada de administrar los fondos recabados por la segunda colecta municipal a favor de los Bomberos. Así lo informó el alcalde provincial Alfredo Zegarra en el lanzamiento de la campaña.

A diferencia de la colecta del año pasado, la comuna provincial desistió de la conformación de un patronato para entregar el dinero. La medida es para agilizar la entrega de los fondos a los Bomberos. De optarse por el patronato, el dinero debería pasar por una cuenta nacional para recién regresar a la ciudad, algo que se quiere evitar.

El burgomaestre también justificó la disposición en la negativa de personalidades de responsabilizarse por el manejo de dineros públicos y “miedo a posibles denuncias”. Solo el año pasado se logró reunir 142 mil soles mientras que en esta oportunidad buscan recolectar más de 200 mil soles.

También se hizo un llamado a las entidades privadas y empresarios a sumarse a la iniciativa y apoyar a los Bomberos. “Devolvámosle el sacrificio que tienen con nosotros a través de una ayuda”, pidió Alfredo Zegarra. La colecta culminará este 24 de junio.

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En los primeros minutos de esta madrugada de hoy, lunes 19, una van embistió contra una muchedumbre produciendo cerca de una decena de heridos y un muerto.
Este ha sido descrito como un “incidente terrorista”, pero lo más probable es que no se trata de una acción hecha por allegados a Al Qaeda o al “Estado islámico”(Daesh) contra civiles fundamentalmente cristianos, sino, más bien, lo opuesto.
El atacante, quien aparentemente está detenido y no fue un suicida, en vez de vivar a Alá, gritaba que quería matar a todos los musulmanes. Y, precisamente, el ataque fue dado contra La Casa de Beneficencia Musulmana (Muslim Welfare House) de Finsbury Park donde estaban mahometanos rezando, socializando y comiendo tras haber estado todo el día ayunando en la celebración más sacra del Islam (el ramadán).
A cada acción corresponde una reacción. Lo acontecido parece ser es una forma de copiar el estilo del Daesh, pero contra los propios musulmanes.
El atacante parecer ser una persona que actuó individualmente, pero él está expresando una creciente islamo-fobia, racismo que ha llegado a tener importantes voceros con partidos ultraderechistas con grandes votaciones al otro lado del canal.
Las acciones del Daesh buscan generar ese tipo de clima en el cual los musulmanes locales son mal vistos o reciben ataques racistas, algo que, a su vez, permitiría radicalizar sectores dentro de los 2 a 3 millones islamistas de UK a fin de conseguir reclutas.
Podríamos estar entrando a una escalada de violencia como no se ha visto en UK en el cual pueden darse ataques contra civiles tanto por parte de discípulos de Bin Laden como de ultraderechistas anti-musulmanes.
El terrorismo no viene de un solo lado. Ya se ha visto como ultraderechistas hace un año mataron a la parlamentaria laborista Jo Cox mientras que en Irlanda del Norte siguen actuando (muchos de ellos llamando a votar por el DUP, el nuevo socio del actual gobierno).
En cierta manera las invasiones en el Medio Oriente han salpicado a la metrópolis.
En estas circunstancias algo muy importante es buscar la unidad y coordinación entre las distintas comunidades. Nuestra solidaridad con las víctimas musulmanas, a quienes hay que hacerles sentir que ellas, al igual que todos los inmigrantes, son parte de nuestra sociedad.

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Indiferentes a la indignación de la población, los alcaldes de Arequipa – la mayoría ya en carrera electoral- han decidido negociar, por su cuenta, arreglos con la minera Cerro Verde. Pequeñas obras, equipos y otras bicocas en las que, los propios burgomaestres tienen intereses, les hace olvidar que están siendo burlados, junto a todo el pueblo de Arequipa, por una empresa transnacional.

Sin gota de vergüenza en la cara, sin embargo, el alcalde de Mariano Melgar, Edwin Martínez, quien los representa, ha salido a declarar que el hecho de hacerlo, justo cuando se les ha pedido unirse al gobierno regional y hacer el reclamo conjunto, es una mera coincidencia y que “nada tiene que ver con la exigencia del pago de regalías mineras”.

Los alcaldes sin dignidad que han venido haciendo tratos por debajo de la mesa con la minera son los de: Mariano Melgar, Yura, Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara, Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata y Socabaya.

El alcalde de Cayma, impulsor de nombrar el Estadio de Cayma con el nombre del exalcalde fujimorista Ulises Torres Montes Revilla, hasta defendió a la minera. “Ellos han dejado en claro que serán respetuosos de lo que diga el poder judicial”, señaló.

Vergüenza de “autoridades”.

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El paso de Fiorela Molinelli, del viceministerio de Transportes, a su similar en la cartera de Construcción pone en evidencia la incapacidad de recordar –a propósito- la actuación de diversos funcionarios en casos polémicos que comprometen intereses del Estado peruano.

El “divorcio” con Kuntur  Wasi para dejar sin efecto el contrato y la Adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero reveló los roles que varios personajes jugaron en el nacimiento de este proyecto que parecía concretar un sueño de 40 años de la población cusqueña, por tener un terminal aéreo que le permita mejorar la cantidad de turistas que llegan a la Ciudad Imperial.

Un recuento de los hechos nos permite ver cómo han aparecido diversos actores políticos y administrativos que hoy deben responder ante la inminente responsabilidad que el Estado debe asumir frente a un contrato que inició y que terminó mal.

Año 2014 El papel de Ositran y la firma del contrato
Presidente de la República: Ollanta Humala. Ministro de Transporte: José Gallardo Ku. Presidenta de Ositran: Patricia Benavente. Presidente de Proinversión Carlos Herrera Perret.

Durante el gobierno de Ollanta Humala, se promulgó el D.S. 376 del ministerio de Economía y Finanzas que modificaba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP). Dicha norma le retiraba al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran) el carácter vinculante de sus opiniones respecto a los contratos de las APP.

En enero, la presidenta del consejo directivo de Ositran, Patricia Benavente, advertía que esa modificación dejaba sin peso al organismo regulador frente a cualquier contrato entre el Estado con las empresas privadas para la ejecución de proyectos bajo el formato de APP.

Proinversión publicaba un informe técnico sobre Chinchero, que fue objeto de observaciones por parte de Ositran, las cuales no resultaban vinculantes debido a la modificación de la ley.

El 04 de julio de 2014, se firma con Kuntur Wasi el contrato de concesión para diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Aeropuerto de Chinchero.

Año 2015: Kuntur Wasi no inicia obras en Chinchero
Gobierno de Ollanta Humala. Ministro de Transportes, José Gallardo. Gobernador Regional, Edwin Licona.

En junio de 2015 el gobernador regional de Cusco, Edwin Licona, señalaba que las obras se iniciarían en octubre, pues el expediente técnico se encontraba con algunas observaciones que debían ser levantadas por la empresa.

En septiembre del mismo año, Licona aseguraba que el proceso se iniciaría en diciembre, según le había informado Kuntur Wasi. El saneamiento de tierras para la construcción “se encuentra en su última fase”, señalaba la autoridad regional.

Año 2016: La Adenda de la discordia
Presidente: Pedro Pablo Kuczynski. Ministro de Transportes: Martín Vizcarra. Viceministra de Transportes: Fiorella Molinelli. Presidenta de Ositran: Patricia Benavente.

En noviembre del año pasado, el gobierno anuncia la firma de la adenda con Kuntur Wasi, en la cual se “solucionaban” las observaciones que fueron vistas por Ositran durante el gobierno anterior. Sin embargo, llamaba la atención el compromiso del Estado de asumir una inversión de 265 millones de dólares, mientras que el consorcio solo arriesgaría 120 millones.

En diciembre del 2016, Andino Investment Holding (AIH) vendió su subsidiaria Penta Tanks Terminals para amortizar deuda corriente. Es decir, se firmaba una Adenda con un consorcio en el cual uno de sus integrantes, asumía compromisos cuando su riesgo crediticio era alto.  El 22 de diciembre se remite el informe técnico de Ositran a los Ministerios de Transportes y comunicaciones.

Año 2017: El quiebre en Ositran, las renuncias, la interpelación y la renuncia
Presidente: Pedro Pablo Kuczynski. Ministro de Transportes: Martín Vizcarra / Bruno Giuffra. Viceministra de Transportes: Fiorella Molinelli. Presidenta de Ositran: Patricia Benavente.

En enero de este año Ositran revisa la Adenda del contrato con Kuntur Wasi. El organismo se divide y Patricia Benavente renuncia al señalar que no se tomó en cuenta la opinión de su organismo donde señala que existe un perjuicio al Estado (Lea la editorial de Otra Mirada al respecto).

En febrero el presidente Kuzcynski y el ministro Vizcarra llegan a Cusco, a la zona de Chinchero para colocar la primera piedra y anuncian que el aeropuerto va sí o sí. Incluso el presidente trata de explicar en un video los “beneficios” de la Adenda.

17 de marzo: la primera fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios allana oficinas de Kuntur Wasi en San Isidro.

18 de mayo: interpelación a Martín Vizcarra en el congreso. Censura queda en suspenso a la espera del informe del Contralor, Edgar Alarcón.

21 de mayo: anuncio por parte de Martín Vizcarra, “Chinchero no va”. Titular del MTC se adelanta a informe de la Contraloría y señala que el contrato con Kuntur Wasi, será revisado y se buscará una salida. Kuntur lamenta acción del Estado y anuncia posibles acciones legales.

22 de mayo: Renuncia de Martín Vizcarra, horas antes que Contraloría presente el  informe donde recomienda acciones legales contra seis funcionarios del MTC, dos del MEF y dos de Ositran. En conferencia de prensa, menciona a Fiorella Molinelli como una de las supuestas responsables. En realidad, Molinelli impulsó dentro del gobierno la firma de la Adenda.

25 de mayo: El nuevo ministro del MTC Bruno Giuffra, anuncia que el gobierno logro un mutuo acuerdo con Kuntur Wasi para disolver el contrato. Según Giuffra se buscará con el concesionario los mejores términos para llegar a buen puerto. Molinelli pone su cargo a disposición.  En esta semana, Molinelli fue “premiada” y pasó del sector Transportes a Construcción.

La pregunta nuevamente cae de madura. ¿Quién ganaba con esta Adenda?, ¿es beneficioso el formato de las APP? Tal como lo dijimos en nuestra editorial de febrero:

“Es indiscutible que estamos ante casos donde la inversión privada quiere seguir ganando, tomando concesiones por décadas y sin poner en riesgo su capital. Las APP que deben funcionar como una alternativa para potenciar lo que la inversión pública no alcanza, se han convertido en un maquiavélico aparato donde el sector privado busca que todos los peruanos paguen lo que ellos deben invertir para la construcción de infraestructura.”

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  Durante tres días, entre el 20 y 22 de junio, nuestra ciudad será sede de la Décima Cumbre Mundial de Ciudades del Conocimiento, evento internacional que congregará a 16 expertos extranjeros de diversos continentes interesados en “impulsar el entendimiento y la aplicación del conocimiento como la más poderosa herramienta para alcanzar el desarrollo”. Profesionales de Estados Unidos, India, México, Austria, Alemania, Australia, Finlandia, Arabia Saudita, Canadá, además de Perú, tratarán de identificar y dimensionar el universo de activos tangibles e intangibles de nuestra ciudad; de impulsar el entendimiento y la aplicación del conocimiento, para lograr que en un futuro Arequipa pueda considerarse en una ciudad de conocimiento. El coordinador de la Cumbre, economista Glenn  Arce Larrea, informó que el objetivo del certamen, es lograr que Arequipa se visibilice ante el mundo y muestre sus activos materiales e inmateriales, representados no solo su riqueza tradicional, financiera y material, sino también en su riqueza inmaterial que se traduce en su identidad, capital humano, cultura y patrimonio. El evento se realizará en la Universidad Nacional de San Agustín, pues su financiamiento es uno de los proyectos ganadores de los concursos de Ciencia Activa, monitoreados por Concytec y financiados por la universidad. Su rector, Rohel Sánchez Sánchez, destacó la importancia de este evento que, por su naturaleza y trascendencia, es el primero que se desarrollará en nuestro país.  “Las conclusiones de la cumbre, nos servirán para trabajar una agenda en pro del desarrollo de la región y del país. Como universidad, no solo nos corresponde la formación integral de los educandos, sino también la creación de ciencia, conocimiento y tecnología,  y es parte de este compromiso que la universidad está aportando con la presencia de estos científicos y académicos que tienen la experiencia en cada uno de los temas que se abordará durante esta cumbre”, declaró.  La Cumbre Mundial de Ciudades del Conocimiento está diseñada para conectar a las diversas disciplinas que contribuyen al desarrollo basado en conocimiento con los frentes de aplicación del mismo. Busca, además, una inserción e impacto del evento dentro de la ciudad y/o región en la que se lleva a cabo. Se realiza anualmente en asociación con organizaciones o consorcios que se desempeñan como anfitriones, habiéndose desarrollado en ciudades de México, Brasil, Italia, Turquía, Estonia, Corea del Sur, Austria.

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Foto: La República

“Hicimos lo que las autoridades nos permitieron.. Y si hemos estado fabricando estos productos ha sido porque fueron autorizados por las autoridades”, señaló el mandamás del Grupo Gloria, Jorge Rodríguez, en relación al escándalo suscitado en torno a su producto Pura Vida, hoy retirado del mercado, en una entrevista concedida a un diario local.

Al ser preguntado sobre si se había engañado al consumidor respondió: “Quien está engañando a la gente son quienes utilizan un argumento que no tiene ninguna base científica … dicen que la carragenina produce cáncer. Es un ingrediente que lo utilizan todos los alimentos en el mundo. El doctor (Elmer) Huerta, que es un experto, públicamente ha dicho que la carragenina en las dosis de la leche evaporada no tiene ningún efecto dañino”.

En relación a la prohibición de utilizar leche en polvo para la elaboración de la leche evaporada, Rodríguez explicó que la norma solo genera el incremento en los costos de producción. “Con menos oferta de materia prima para hacer la leche evaporada, habrá mayor demanda que oferta. Entonces los precios se reajustarán”, explicó.

Además dijo que con esto se ignora dispositivos legales, entre ellos acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quien es el principal proveedor de leche en polvo. “Tenemos un acuerdo con ellos. No podemos prohibirle la importación”, aseveró.

En relaciópn a las quejas de los ganaderos quye consideran se les paga un precio muy bajo por la leche fresca, señaló que, de aumentarse, subiría también el costo final de la lata de leche evaporada, con lo que invadirían el país productos importados, de Holanda y Alemania, con precio menor, lo que empeoraría la situación de los ganaderos. “A mí me están ofreciendo esa leche porque tengo la marca y la distribución en el país. Ofrecen leche importada más barata que la que producimos acá”, aseguró.

También dijo que el precio que se les paga a los ganaderos es mayor que el que reciben en países ganaderos como Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador y Chile. Y que el único que está por encima es Brasil. “Vivimos una economía abierta. Les digo que va a venir leche importada. Los ganaderos piensan que los estamos amenazando, pero no es así”, .

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Algunos datos

El Perú es uno de los países de mayor consumo de leche evaporada donde la producción nacional de leche se distribuye en un 80% de leche evaporada. El mercado de la leche en Perú además, está altamente concentrado, en las que 3 empresas abastecen el 90% del mercado: Gloria, Laive y Nestlé. De las tres, Gloria “se ha consolidado como la líder en la elaboración y comercialización de productos lácteos, tanto de leches industrializadas como de sus derivados (mantequilla, yogurt y queso)” (Gestión 05/06/2017,
Hay que señalar que el consumo per cápita de la leche en Perú está ubicado entre 70 y 80 litros por persona, mientras que la FAO recomienda que el consumo per cápita de un país debe ser de 120 litros al año. Esto posiciona a la industria láctea con un gran potencial de expansión.

Los actores

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, representa a 220,000 productores de leche. Históricamente han pedido que se prohíba la producción de leche evaporada a base de leche en polvo, demandan que debe ser de leche fresca a la que se le evapora el agua.

Para Agalep: “No es un tema de rotulado (…) No se puede vender la imagen de que este es un producto natural de la vaca”, y advirtió que en el país no existen regulaciones específicas para la combinación de leche. Según observó, debido a dicho vacío normativo, las compañías que fabrican leche evaporada emplean “productos químicos dañinos para la salud que no serían necesarios si solamente se usara leche fresca”. Dichos productos, puntualizó el gremio, son la carragenina, maltodextrina, proteína de soya transgénica y aceites vegetales hidrogenados.

Según Héctor Guevara, gerente general y técnico de Agalep, estos sirven para espesar y realzar el sabor y dulzor del producto. “Son productos artificiales. Lo que decimos es que no se tienen que usar”, dijo y apuntó que la carragenina está prohibida en Europa. […] y en relación a los insumos que si están en el Codex Alimentarius, son para pequeñas dosis, y lo que pasa es que la leche se consume todos los días, desde que uno es niño hasta que uno es adulto y se va a acumulando(El Comercio 06/06).

Agalep busca una integración mayor de los productores lácteos al mercado, que debería ser promovido por el Estado, con reglas claras, porque el mercado está distorsionado vendiéndose productos que no son leche como si fueran leches

Por su parte, ADIL señala que Perú no es un país ganadero por lo que tiene que importar leche (Perú se autoabastece del 70% de la leche que consume), sin embargo el desarrollo de la industria en los últimos años ha bajado el coeficiente de leche importada de 10,56% en el 2000 a 7%. Ellos plantean i) el reemplazo de la actual leche importada ya sea como insumo o producto, que copa más o menos 31% del consumo total, ii) un crecimiento del 70% de la industria para cubrir el consumo de 130 L requeridos y iii) un incremento de la exportación de productos lácteos y copar más mercados,

En cambio, ASPEC, ha presentado cinco denuncias a Indecopi contra las marcas Bonlé Familia, Gloria Niños Defense, Pura Vida Nutri Max, Reina del Campo e Ideal Amanecer, de las empresas Gloria y Nestlé. Debido a que esas empresas vienen comercializando durante varios años esas marcas bajo la denominación de “leche evaporada”, sin cumplir la normativa vigente. Por lo que responden a una “violación de las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Codex Alimentarius y las Normas Técnicas Peruanas”. (La República 6/6).

Sobre el etiquetado:

Las normas son establecidas por el Codex Alimentarius, establecidas por la FAO y la OMS en 1963, para “proteger la salud de los consumidores y fomentar prácticas leales en el comercio de alimentos”. En Perú falta una adecuada normatividad: la legislación vigente es la Ley 28405, sobre rotulado, y el DL. 1304, acerca de etiquetado.

El Gobierno acaba de aprobar el Reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, se debe especificar la información nutricional a los consumidores, se establecen parámetros técnicos para explicitar los niveles de algunos componentes como sodio, azúcar, grasas saturadas. Se ha creado gran polémica.

El Congreso aprobó dictamen que prohíbe el uso de leche en polvo para la elaboración de leche evaporada, y otros productos lácteos. Señalan que dicha medida beneficiaría a la salud pública y al desarrollo de sector ganadero. Pero, ADIL aduce que el impacto se traducirá en un alza de precio que afectaría directamente al consumidor; y por otro lado, que gran parte de la producción lechera no cumple con los componente necesarios que exige la norma para la leche evaporada. Por otro lado, Agalep culpa a la industria por desinformar y crear un clima de desconfianza hacia los productos lácteos.

Son temas sensibles que afectan a la población, por lo que se deben dar las mejores leyes y normas, así como el fortalecimiento institucional. El debate recién empieza.

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Tras la conmoción causada –también en el país- por las revelaciones de la operación brasileña Lava Jato, las grandes obras de infraestructura están bajo sospecha; sino por actos de corrupción, por actos de ineficiencia. En esta última categoría podría clasificarse una obra emblemática para la ciudad que ya ha generado, por ahora, un gran caos vehicular, pero que más allá de eso es significativa como ejemplo de lo que hay que evitar.

Como varias iniciativas en la ciudad, la obra denominada “Mejoramiento de Carretera Variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado”, salió de pronto de la manga del gobernante de turno, en el año 2013. El gobierno regional de Juan Manuel Guillén decidió que sería su modo de despedirse.

Al estimarse que su culminación demoraría un periodo de 18 meses, se inició con urgencia, en julio de ese año, con el tiempo justo para alcanzar a inaugurarla. Dividida en 3 tramos, el 27 de diciembre de 2014, se logró culminar únicamente el primer tramo. Paradójicamente, no hubo inauguración. Faltaban solo 3 días para culminar el mandato y la obra había traído más problemas que beneficios.

Como muestra de la limitación de los estudios iniciales, realizados a toda marcha en el primer semestre de 2013, figura en su ficha SNIP el monto estimado de su costo, equivalente a 162 millones 849 mil soles, para toda la obra (ver cuadro). El monto viable (incluyendo los costos de sensibilización, mitigación de impactos, y otros que garanticen su viabilidad económica y social) se estimó en 214 millones 432 mil nuevos soles. Hoy, ha sido reformulado y estimado en un monto total de 445 millones 738 mil nuevos soles, lo que da un margen de error mayor al 100%, inaceptable para un estándar mínimo de rigurosidad técnica, aunque el caso es frecuente en el Perú.

Esta tolerancia, tan proclive a derivar en corrupción, como ha ocurrido con las obras realizadas por las constructoras brasileñas acusadas de coimear a funcionarios públicos para –precisamente- mantener este esquema; es el que genera adendas que multiplican los costos y rebajan la valla de la calidad.

MEGAOBRA

En su momento, se criticó las dimensiones de la obra considerando que ya se había consensuado que el nuevo ingreso a la ciudad sería la vía Yura-La Joya. El proyecto no se desechó. La intervención contempla 5.2 kilómetros e incluye 8 carriles, dos intercambios viales y 3 puentes.

Ante la imposibilidad de iniciar obras en julio, se dividió el trabajo en tres tramos. Llegado diciembre de 2013, se decidió ejecutar solo el tramo I, que comprendía 1.2 kms, desde el intercambio vial a la altura de la vía de evitamiento, donde se haría un by pass. Fue estimado –sin considerar el monto de las expropiaciones necesarias- en cerca de 46 millones y un plazo de 285 días. Iniciado sin el saneamiento previo de los terrenos como estipula la norma, se gastó 25 millones en la compra de terrenos y acabó con un costo de 82 millones, en un lapso de 495 días.

La gestión de Yamila Osorio, iniciada en enero de 2015, decidió continuar la obra y, tras recibir una asignación de 40 millones en junio, convocó a licitación para el tramo III (del puente San Isidro hasta el ingreso a Pampa de Camarones) en noviembre de ese año. Se otorgó la buena pro al único postor en diciembre, con la urgencia de no perder esa asignación que –según explica- habría retornado a las arcas del tesoro, sin posibilidad de devolución. La única empresa que presentó propuesta económica fue Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), una más de las constructoras hoy cuestionadas por haberse asociado ocasionalmente con la empresa Odebrecht.

Como muestra de la limitación de los estudios iniciales, realizados a toda marcha en el primer semestre de 2013, figura en su ficha SNIP el monto estimado de su costo, equivalente a 162 millones 849 mil soles, para toda la … hoy ha sido reformulado y estimado en un monto total de 445 millones 738 mil nuevos soles”

 

Nuevos estudios actualizaron el costo de este tramo de 1.4 kilómetros, de 62 millones iniciales, a 120 millones, lo que incluye el costo de las expropiaciones (20 millones) para 46 predios. Yamila Osorio explica que ello se debe a que la modalidad de contrata implica considerar un 10% de utilidad para el contratista, 7,5% para supervisión, y un 18% adicional por concepto de IGV. Además, explica, se ha incluido un sistema de drenaje e interferencias (conexiones de agua, desagüe, energía y telefonía) que no estuvieron considerados en el proyecto inicial, razón por la que se habrían registrado los aniegos en el ejecutado tramo I, en época de lluvias. Otro factor es la necesidad de habilitar vías alternas para la circulación, gastos que tampoco estuvieron considerados, asegura.

Recientemente se ha señalado que el costo final se incrementará en 20 millones más y la obra se inició, como el primer tramo, sin tener los terrenos a expropiarse, debidamente saneados.

Del mismo modo, se ha reajustado el tramo II, entre Pampa de Camarones hasta antes de la vía de evitamiento, previsto para iniciarse en octubre de este año, elevándose el monto de 54 a 189 millones, para una extensión de 2 kilómetros. En este tramo hay 102 inmuebles por expropiar, valorizados en 85 millones. Según la nueva legislación, hay que abonar a los propietarios, además del valor de los predios, el lucro cesante y daño emergente, según el caso. La convocatoria a licitación será lanzada en junio, aunque solo se cuenta con 70 millones asignados para este año por el gobierno nacional. En el GRA estiman que se culminaría toda la obra en el segundo semestre de 2018, año en que acaba la actual gestión.

DEFICIENCIAS Y APUROS

La primera queja, pero no la más importante, ha sido la falta de planificación de los desvíos y alternativas de circulación que no genere caos vehicular, como ha ocurrido en los dos tramos que se han ejecutado. Tampoco se tomó en cuenta el necesario cambio de las interferencias en todo el tramo de la obra.

Aunque más importante fue la falta de planificación de un sistema de drenaje que- por lo ya vivido- es imprescindible en la zona, así como la falta de saneamiento previo de los terrenos e inmuebles a ser expropiados, lo que ha ocurrido tanto en el tramo I como en el tramo III. Este hecho y la usual dilación de las transferencias por parte del MEF, generaron un retraso de 210 días en el Tramo I, ejecutado por administración directa en la gestión de Guillén; y de 281 días en el Tramo III, que ejecuta la gestión de Yamila Osorio. La gobernadora asegura que este retraso no ha generado ningún pago adicional a la contratista, como está estipulado en el contrato y sus adendas, por no haber podido iniciar la obra a causa de factores ajenos a la responsabilidad de la empresa. “No hemos pagado nada, porque no se han generado gastos y la empresa no lo ha reclamado”, señaló.

Lo que sí se hizo es otorgar un adelanto a la concesionaria, en diciembre de 2015, según se estipula en el contrato, por un 30% del valor total, suma cercana a 40 millones que la empresa tuvo en su poder por 9 meses, en tanto se dilataba el inicio de la obra.

Otra deficiencia es la inexistencia de un Estudio de Impacto Ambiental que una obra de esta magnitud requiere. En los optimistas cálculos iniciales y el afán por abreviar los plazos, el GRA de Guillén optó por presentar únicamente una Declaración de Impacto ambiental (DIA), aprobada por la Autoridad Regional de Medio Ambiente (ARMA) a cargo de su subordinado y allegado familiar, Aníbal Díaz Robles, en un tiempo récord de 10 días, según denunció la prensa en aquel momento.

En una comunicación dirigida por los propietarios de los predios al Ministro de Transportes, en agosto de 2015, los firmantes solicitaban se tomen medidas para corregir los estudios y las deficiencias del proyecto, sin ser escuchados. A propósito de un accidente con un camión cisterna que causó la muerte de dos jóvenes periodistas, señalaban al ministro José Gallardo que los problemas habían sido causados por “una deficiente formulación de los estudios de pre inversión y sobre todo por la pobre calidad y las serias deficiencias del Expediente Técnico, habiéndose hecho todo esto en base a información arreglada y a la festinación de trámites con una serie de faltas que han transgredido la legalidad, han producido un diseño sobredimensionado que conlleva a un despilfarro de fondos públicos y hasta habrían causado la lamentable pérdida de valiosas vidas humanas, porque si se hubiera realizado un buen estudio de impacto ambiental, se habrían establecido los protocolos de seguridad necesarios para el ingreso de cisternas de gas a su centro de operaciones”.

En base a la documentación disponible, entre otras irregularidades, se detectaron las siguientes:

  • El 15 de febrero de 2013 se aprueban estudios y se declara Viable el PIP a Nivel de Perfil, los que estiman una inversión de 193 millones y se hicieron solo en 10 días hábiles.
  • El 6 de junio de 2013 se aprueba estudios y declara Viable el PIP a Nivel de Factibilidad, que sustentan una inversión de 214 millones, los cuales se hicieron entre el 25 y 27 de mayo,, es decir, en un día hábil.
  • El 4 de junio de 2013, el ARMA clasifica el proyecto en la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DlA), sin audiencia pública y sin notificar a las comunas afectadas, desestimando un Estudio de Impacto Ambiental detallado.
  • El 21 de junio de 2013, el Gerente General de GRA solicita al ARMA la evaluación del DIA que fue elaborado en 12 días hábiles por la empresa Equilibrio Ambiental, cuyo gerente resultó ser Fernando Toledo Arburúa, quien fuera detenido junto al asesor Miguel Ocharán por presunta colusión en los estudios de la vía Arequipa La Joya, donde también realizó los estudios de impacto ambiental. No realizaron audiencia pública y, una vez revisado por el ARMA, levantaron las observaciones en 5 días y el DIA es aprobado el 18 de julio.
  • En la ejecución y tramitación del expediente técnico, no Registraron el Plan de Trabajo y el 9 de julio de 2013, en un solo día, se emitieron tres informes y una resolución.
  • El 9 de julio de 2013 aprueban el Expediente Técnico, con un estudio que se hizo en 22 días hábiles. No cuenta con autorizaciones de Sedapar, Telefónica ni de la Junta de Regantes, solamente de Seal.

 

 

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Con el auspicio de la Embajada de la República de Corea, y la presencia del propio embajador, se realizó el pasado viernes 16 el concurso K-POP AQP 2017, en el que los jóvenes demostraron su talento y su identificación con este género musical, en el rubro de danza.

Aquí más imágenes:

 

 

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