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El día de mañana jueves 25 a partir de las 6:00 horas iniciará un corte de agua potable que durará hasta el viernes 26, el cual afectará a un 70% de la ciudad, ya que involucra a once distritos de Arequipa.

Esta medida ha sido tomada para iniciar la instalación de compuertas de derivación en el túnel de Tucos, ubicado en el distrito de Cayma, y conjuntamente se realizará una inspección en el canal de Zamácola; dicha obra de compuertas estará a cargo del Gobierno Regional de Arequipa, explicó el jefe del área de Imagen de Sedapar, Sergio Mostajo.

Este corte de agua dejará sin el recurso hídrico a unos 500 mil pobladores, y ha sido coordinado con la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chili Regulado.

Los distritos donde se restringirá el servicio de agua son: José Luis Bustamante y Rivero, Miraflores, Paucarpata, Yanahuara, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cercado, Cayma, Cerro Colorado, Socabaya, Hunter.

 

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Tras la contaminación a las fuentes de agua ocurrida en Caylloma el pasado 18 de mayo, el alcalde de esta provincia, Rómulo Tinta, manifestó que no se ha aplicado ninguna sanción al consorcio Vizcachani. “Se hizo el informe respectivo y al día siguiente de lo ocurrido, se denunció ante la Policía y la Fiscalía”, expresó.

“A partir de mi gestión, estamos hablando de 8 denuncias contra este consorcio que se han formalizado pero que no tenemos resultados. Hasta la fecha, no tenemos ningún informe sancionador”, declaró.

“Exigimos sanción económica para los propietarios del consorcio”, continuó. Como se recuerda, el consorcio derramó líquido asfáltico en el sector de Canchihuayco, centro poblado de Pichollo, distrito de Cabanaconde.

El hecho ocurrió cuando un camión cisterna del consorcio Vizcachani derramó este líquido. El secretario de Defensa Civil de la provincia, Donato Mamani, señaló que en verificación realizada en la zona se constató que se afectó las aguas de la quebrada de Canchihuayco y los canales de Chimpa, que riegan cultivos de los distritos de Maca y Pinchollo.

La representante de la Subgerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Caylloma, Angélica Supo, señaló que se presentará un informe a OEFA para que fiscalice y sancione a la empresa responsable. “Sin embargo, no hay sanciones. No hay responsables”, recalcó Rómulo Tinta.

Además, el alcalde especificó que hay 9 contratas de mineras en la provincia y que, hasta el momento, se registran 33 denuncias de derrames y contaminación. Las cuales, no han recibido sanción. “Durante mi gestión, han ocurrido 8 derrames que han afectado la economía y la salud de más de 2500 personas”, finalizó Tinta.

 

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El día de mañana jueves 25 a partir de las 6:00 horas iniciará un corte de agua potable que durará hasta el viernes 26, el cual afectará a un 70% de la ciudad, ya que involucra a once distritos de Arequipa.

Esta medida ha sido tomada para iniciar la instalación de compuertas de derivación en el túnel de Tucos, ubicado en el distrito de Cayma, y conjuntamente se realizará una inspección en el canal de Zamácola; dicha obra de compuertas estará a cargo del Gobierno Regional de Arequipa, explicó el jefe del área de Imagen de Sedapar, Sergio Mostajo.

Este corte de agua dejará sin el recurso hídrico a unos 500 mil pobladores, y ha sido coordinado con la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chili Regulado.

Los distritos donde se restringirá el servicio de agua son: José Luis Bustamante y Rivero, Miraflores, Paucarpata, Yanahuara, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cercado, Cayma, Cerro Colorado, Socabaya, Hunter.

 

 

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El día de hoy miércoles se dio a conocer los alcances sobre la evaluación que se dio en EsSalud para mejorar la atención a los asegurados, y entre las medidas más importantes es que se ha decidido contratar a personal nuevo CAS: 119 plazas asistenciales y 7 administrativos.

El congresista Justiniano Apaza, uno de los participantes de esta mesa de trabajo, explicó que se han llegado a tres acuerdos concretos, “el primero, es rechazar la privatización y con ello las políticas de tercerización. No podemos aceptar que otras entidades negocien ni trafiquen con la salud de las personas. Segundo, es el retiro de EsSalud del Fonafe para que ésta  recupere su autonomía. El Fonafe controla las empresas públicas, EsSalud no es una entidad que debe manejarse con criterios de rentabilidad empresarial; además, impide contratar profesionales de salud y que se destine presupuesto para construir los centros de salud de atención primaria, equipamiento, etc.”

Entre otras de las recomendaciones de esta evaluación, se ha pedido a la Gerencia Central de Proyectos de Inversiones que apruebe el Plan de Inversiones de la Red Arequipa 2017, ya que sin ello no se podrá ampliar la infraestructura con la que cuenta EsSalud en Arequipa, una de las mayores deficiencias que se han encontrado, aunque se busque aumentar el personal

El parlamentario resaltó que el mayor deudor de EsSalud es el Estado mismo, indicando que “Son más de 2 mil millones de soles aproximadamente que podrán permitir fortalecer la situación económica y financiera de EsSalud y así mejorar la atención a los asegurados”.

 

 

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La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Miriam Herrera Velarde, informó que la decisión de trasladar el caso Pepeaudios a Lima le corresponde al coordinador nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, el fiscal Jorge Chávez Cotrina.

Miriam Herrera deslindó cualquier ingerencia de la Presidencia de la Junta de Fiscales en un tema de esas características. “La presidencia no tiene funciones jurisdiccionales, solo acciones administrativas. No tiene ninguna incidencia. Según reglamento, Alejandra Cárdenas deberá presentar un informe al fiscal Chávez Cotrina pidiendo que el caso sea llevado a nivel nacional”, explicó la magistrada.

La recomendación de llevar el caso a Lima fue realizada por la fiscal Alejandra María Cardenas como parte de su descargo al pedido de su exclusión hecho por la defensa de Pepe Julio Gutiérrez. Dicha solicitud será revisada por el fiscal Roberto Carlos Reynaldi Román, encargado del Área Penal de la Fiscalía en reemplazo de Miriam Herrera.

Respecto a dicho pedido de exclusión, el Área Penal evaluará si los informes presentados validan el cambio de la fiscal Cárdenas, además de evaluar que se hayan cumplido los plazos correspondientes al proceso. “Eso tiene un trámite. Se piden informes y con esa documentación se emite el pronunciamiento”, aclaró Herrera.

En lo referente a posibles amenazas, la presidenta de la Junta de Fiscales puntualizó que, de existir, la fiscal deberá requerir resguardo a través de Presidencia de la Fiscalía o directamente a la Policía. Luego de lo cual se le asignarán guardaespaldas.

Miriam Herrera aclaró que las amenazas contra fiscales son hechos aislados. No obstante, la Junta de Fiscales toma con mucho cuidado cada una de las denuncias.

 

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Piden ser trasladados. El presidente de la Asociación Agroindustrial y Viviendas Manantiales de Caylloma (AGROIVM), Alfredo Tacora Quispe, manifestó este miércoles que desde enero del 2016 está buscando la reubicación de su asociación a Pedregal Majes; esto debido a que en su zona, la contaminación de cuatro mineras ha perjudicado seriamente su estilo de vida.

“Hemos solicitado a la gobernadora regional una audiencia para determinar las condiciones de cómo nos entregarán los terrenos. Pedimos venta directa, no por subasta pública”, expresó. Alfredo Tacora explicó que Autodema –en agosto del 2016- dijo que los terrenos señalados por la asociación están disponibles y que el proyecto puede realizarse.

En octubre de ese año, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) presentó la Resolución N° 0022. Esta aprueba el estudio hídrico subterráneo en la zona de Pampas Bajas (Pedregal Majes) donde los 300 asociados esperan trasladarse. En diciembre, Autodema dio permiso para que se ingrese a los terrenos para llevar a cabo los estudios. “Esperamos los resultados”, dijo.

Las minas que han perjudicado el ambiente en varios distritos de Caylloma son Buenaventura, Ares, Bateas y Gold. Según señaló Tacora Quispe, además de la contaminación minera, los proyectos para construir represas, la desertificación de las tierras y el cambio climático, han motivado la migración de los pobladores a otras zonas de la región.

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Por: 

Carlos Bedoya

Cuando Kenji Fujimori dijo: “Creo que ha llegado el momento… de que Fuerza Popular asuma de manera más activa la lucha para poder lograr la libertad de Alberto Fujimori”, estaba lanzando un grito de guerra contra el gobierno, donde la interpelación y censura a cualquier miembro del gabinete es el arma más efectiva.

Eso se puede ver claramente con la renuncia de Martín Vizcarra a la cartera de Transportes y Comunicaciones, porque más allá de los chanchullos de Chinchero, de las Blumes y las Teullets (que nunca faltan en los negocios público-privados de las puertas giratorias y los lobbies); se ha marcado un punto de inflexión que nos anuncia que el fujimorismo va a hacer dimitir a cuanto ministro quiera mediante el chantaje de la censura, y me temo que esa práctica no acabará ni siquiera con el indulto a Fujimori.

Vizcarra renuncia porque estaba seguro de que el Congreso de la hegemonía naranja lo iba censurar diga lo que diga el informe del contralor sobre Chinchero (de hecho ha sido un informe descafeinado que deja vivo el contrato en cuestión), y porque no encontraba suficiente respaldo por ningún lado, consecuencia directa del déficit político en la conducción del gobierno. Ni PPK, ni el premier Zavala dan la talla en este tipo de broncas y los huaicos no iban a durar para siempre.

En este juego de poderes, la renuncia de Vizcarra servirá para que el parlamentario oficialista Juan Sheput (el más activo ppkausa en promover el pacto de co-gobierno con el fujimorismo) valide su tesis de que no hay estabilidad posible sin el indulto a Fujimori. En ese empeño lo acompañan políticos como alias AG, analistas como Enrique Bernales y periodistas como Fernando Vivas, entre otros que con particular, pero convergente interés, promueven la masa crítica del indulto.

Ya hay hasta una encuesta muy pertinente encargada a Ipsos para demostrar falazmente que el 59% de la población apoya la excarcelación de Fujimori. Una cosa es preguntar si se está de acuerdo con que un anciano muy enfermo pase sus últimos días en casa (indulto humanitario o ley de prisión domiciliaria), y otra muy distinta es que la gente quiera que Fujimori salga de prisión para dirigir su partido y ser actor político.

Con todo, la debilidad en la que se ha puesto el Ejecutivo con la renuncia de Vizcarra va a hacer la negociación aún más compleja y desventajosa para PPK. Ya no solo bastará el indulto, sino que entrarán en el bolo otras cosas. La más extrema y cuestionada, pero de la que ya se está hablando abiertamente en los pasillos del Congreso tiene que ver con la amnistía para otros participantes de la guerra interna que no hayan sido condenados por terrorismo. O sea libertad e impunidad para los Colina y compañía. Y todo en nombre de la gobernabilidad.

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Piezas de música arequipeña y peruana podrán ser disfrutadas en las diferentes Facultades  de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, gracias a los conciertos de música que ofrece, cada jueves,  la  Orquesta de Cámara Rimay Wayra Folk Fusion. Estos conciertos forman parte del proyecto “Conciertos Didáctico Culturales” que es impulsado por la Unidad de Música de la Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación de la UNSA. Conformada por estudiantes de la Escuela de Artes de la casa agustina,  la Orquesta de Cámara Rimay Wayra Folk Fusión, tiene arreglos originales escritos para maderas (saxo, fagot, clarinete, oboe, flauta dulce) y vientos nativos (quena y zampoña), trío de guitarras, charango, bajo electrónico, batería, cajón y pandereta, y solistas; e introduce elementos nuevos en los arreglos de rock, jazz y  formas clásicas. Se caracteriza por su originalidad y rigor académico en su estructura, lo cual podrá ser apreciado en cada una de sus presentaciones. Esta orquesta cuenta con el apoyo y asesoría académica de docentes de la Escuela de Artes y están bajo la dirección musical del músico Raúl Orlando Coaquira Begazo. El cronograma de presentaciones en la UNSA es el siguiente: Concierto Facultad de Derecho jueves 27/04/17 Concierto Facultad de Educación jueves 04/05/17 Concierto Facultad de Ciencias Histórico Sociales miércoles 10/05/17 Concierto Facultad de Economía miércoles 17/05/17 Concierto Escuela de Ciencias de la Comunicación jueves 18/05/17 Concierto Facultad de Ingeniería de Procesos jueves 01/06/17 Concierto Facultad de Ciencias. Naturales y Formales jueves 08/06/17 Concierto Facultad de Arquitectura jueves 15/06/17 Concierto Facultad  de Geología Geofísica y Minas jueves 22/06/17 Concierto Facultad  de Filosofía y Humanidades jueves 29/06/17 Concierto Facultad de Medicina jueves 06/07/17 Concierto Facultad  de Enfermería jueves 13/07/17 Concierto Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias jueves 20/07/17

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El alcalde provincial, Alfredo Zegarra, lamentó la salida del vicepresidente Martín Vizcarra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No obstante, aclaró que el cambio de titularidad en dicha cartera no supondrá ningún peligro para el financiamiento de la obra del viaducto Salaverry.

El burgomaestre explicó que el dinero para la obra está garantizado pese al cambio de ministro. El proyecto se encuentra siendo socializado ante los vecinos de la avenida Salaverry y a la espera de ser licitado por la Organización Internacional para las Migraciones. Aunque según Zegarra, se espera que los trabajos inicien dentro de un mes.

En lo referente al financiamiento de otras obras, Zegarra se mostró más cauto. La comuna espera obtener desembolsos estimados en 300 millones para la recuperación total de la avenida Ejército y la construcción de un viaducto en dicha vía. Además del intercambio vial de la avenida La Marina y la ampliación del puente Bajo Grau.

El alcalde reveló que ayer se reunió con una comisión de alto nivel del viceministerio de Economía y Finanzas y de la Comisión de Presupuesto. “Tenemos sobradas expectativas de que vamos a tener apoyo muy importante”, comentó. Desde la comuna esperan recibir el anuncio de la partida presupuestal en agosto, a la llegada del presidente Kuczynski para el aniversario de la ciudad.

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El alcalde provincial Alfredo Zegarra lamentó la salida del vicepresidente Martín Vizcarra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No obstante, aclaró que el cambio de titularidad en dicha cartera no supondrá ningún peligro para el financiamiento de la obra del viaducto Salaverry.

El burgomaestre explicó que el dinero para la obra está garantizado pese al cambio de ministro. El proyecto se encuentra siendo socializado ante los vecinos de la avenida Salaverry y a la espera de ser licitado por la Organización Internacional para las Migraciones. Aunque según Zegarra, se espera que los trabajos inicien dentro de un mes.

En lo referente al financiamiento de otras obras, Zegarra se mostró más cauto. La comuna espera obtener desembolsos estimados en 300 millones para la recuperación total de la avenida Ejército y la construcción de un viaducto en dicha vía. Además del intercambio vial de la avenida La Marina y la ampliación del puente Bajo Grau.

El alcalde reveló que ayer se reunió con una comisión de alto nivel del viceministerio de Economía y Finanzas y de la Comisión de Presupuesto. “Tenemos sobradas expectativas de que vamos a tener apoyo muy importante”, comentó. Desde la comuna esperan recibir el anuncio de la partida presupuestal en agosto, a la llegada del presidente Kuczynski para el aniversario de la ciudad.

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“El tema ha pasado a judicialización desde el 14 de marzo”, dijo. El gerente de la Autoridad Regional de Medio Ambiente (Arma), Benigno Sanz, manifestó que el Poder Judicial ha observado el caso de la empresa Laguna Azul, que piensa construir una hidroeléctrica al costado de la laguna Mamacocha en la provincia de Castilla, y lo ha declarado improcedente.

El Gobierno Regional presentó un informe donde subsanó las observaciones realizadas por la Procuraduría. Por ello, en vista del informe presentado por el GRA se procedió a levantar las observaciones. “Sin embargo, si revisan la página web del Poder Judicial, todavía el Gobierno Regional no ha sido notificado respecto a la declaración de improcedencia”, destacó. “El proceso va a continuar”.

Respecto a la denuncia presentada por el consejero Edy Medina, sobre la existencia de un tratado “irregular” entre la empresa Laguna Azul y el Arma, por la supuesta creación de una subgerencia que aprobaría el convenio reduciendo a una categoría simple el estudio de impacto ambiental; el gerente Benigno Sanz manifestó que era producto de un descuido. “No ha habido actos de corrupción”, aseguró.

“Antes de la modificación de la Ordenanza Regional 302, sólo existía la gerencia y algunas unidades. Pero con el nombre de subgerencia se empezaron a firmar algunos documentos del Gobierno Regional. Uno de ellos, fue esta resolución. Este fue el motivo por el que se declararía improcedente”, declaró.

“No vamos a desconfiar de las acciones del Gobierno Regional”, continuó. Benigno Sanz aseguró que no habría un trato bajo la mesa. “Es un tema netamente administrativo”, resaltó. Aunque, afirmó, que pudieron existir errores técnicos.

El gerente informó que la Autoridad Regional del Medio Ambiente fue creada en la época de Juan Manuel Guillén. “Con el doctor Guillén se crea este reglamento con la empresa Laguna Azul”, enfatizó. Laguna Azul podría ir siempre y cuando se cumpla todo lo estipulado por el convenio.

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Tras el paro y el acuerdo de instalar mesas de negociación con la PCM para satisfacer las demandas de la población que los llevó a esta medida de fuerza.

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El juez Jefferson Rodríguez Lavado, del Módulo de Justicia de Paucarpata, declaró infundadas las observaciones presentadas por los abogados de los investigados por los presuntos delitos de negociación incompatible y malversación de fondos. En este proceso está incluido el expresidente regional Juan Manuel Guillén y cinco exfuncionarios de su gestión.

En defensa de Guillén, el abogado Gonzalo Bellido Loayza sostuvo que la acusación fiscal no precisaba los hechos atribuidos a su representado. Razón por la cual, no podría realizar la defensa del fundador del movimiento Arequipa, Tradición y Futuro. Al respecto, la fiscal Marybel Rodríguez sustentó que, en su condición de máxima autoridad del Gobierno Regional, el expresidente dio su anuencia a las contrataciones y contribuyó con las mismas.

En contrapunto, Bellido arguyó que la acusación no era clara y certera, indicando que se trataría de imputaciones abstractas en contra de su defendido. En respuesta, la fiscal ensayó que la imputación al extitular del Gobierno Regional se sustenta en la teoría de infracción del deber, por lo cual el acusado estaría comprendido como cómplice primario en las 74 contrataciones directas irregulares.

Otro cuestionamiento recurrente hacia la acusación fiscal fue el referido a la ley con la cual serían procesados los implicados. Según algunos abogados defensores, el juicio sería bajo la Ley N° 30076, que considera agravantes y es menos favorable a los acusados. Ante tales aseveraciones, la magistrada Marybel Rodríguez aclaró al inicio del control de acusación que los imputados serían procesados con la Ley N° 27151.

CONSENSO EN OBSERVACIONES

La mayoría de señalamientos formulados en contra de la acusación fiscal coincidieron en que no se consideraron las funciones específicas de los acusados en el tipo penal. En consecuencia, no se han definido los pedidos de pena concretos para Juan Manuel Guillén y los exfuncionarios.

Sobre dichas objeciones, la fiscal Rodríguez respondió que no corresponde definir el pedido de sanción para los acusados en la etapa actual del proceso. El tema será considerado en las próximas audiencias.

NO AMERITA DEVOLUCIÓN

En vista a lo sustentado por la Fiscalía, el juez Jefferson Rodríguez consideró que la acusación cumple  los parámetros del Código Procesal Penal. Además, sin que las observaciones hayan sido debidamente fundamentadas, el magistrado resolvió determinar en la Resolución N° 34 que la acusación fiscal no amerita la devolución a la Fiscalía.

La audiencia continuará mañana a partir de las 08:30 horas.

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Respecto al descontento en distintas zonas de la ciudad por el servicio de transporte, el alcalde provincial Alfredo Zegarra informó que ya se han instalado mesas de diálogo para evaluar la problemática del transporte en distritos. “Hay que plantear soluciones, no problemas”, reflexionó Zegarra.

La autoridad edil comentó que se está considerando ampliar las rutas de las empresas actuales para dar cobertura a los sectores sin servicio. Sin embargo, advirtió que ceder al pedido de tránsito libre podría generar un caos mayor. “A veces el remedio es peor que la enfermedad”, dijo.

Zegarra también insistió en afirmar que en el último trimestre del año algunas empresas del SIT iniciarán la etapa preoperativa. Contrariamente a lo indicado por los especialistas de la Oficina del Sistema Integrado de Transportes.

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El gerente regional de Salud, Gustavo Rondón Fudinaga, señaló que se viene estudiando incrementar los precios de atención de consultorios externos en los hospitales Honorio Delgado, Goyeneche, y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN). La decisión será conocida la próxima semana.

“Es necesario sincerar los costos de la atención en cada consultorio porque no se actualizan desde hace más de una década. El dinero que se obtenga servirá para garantizar los servicios”, informó Rondón. Se estima que el aumento oscilará entre el 50% y 80%, dependiendo de la especialidad.

Una comisión de trabajo es la que viene analizando el referido sinceramiento de costos. El mismo que no alcanzará a los usuarios beneficiados por el Sistema Integral de Salud (SIS), pero sí a los pacientes particulares.

Respecto al caso el director del Honorio Delgado, Milton Jiménez, consideró que una suba cercana al 80% sería la más cercana a un monto valor real. Los pagos por citas en medicina general y en especialidades son de 6 soles y 9 soles, las que pasarían a costar 10 soles y 16 soles respectivamente.

En el hospital Honorio Delgado se atienden alrededor de 900 pacientes diariamente. El 60% de los  cuáles son usuarios del Sistema Integral de Salud y el otro 40% son usuarios particulares.

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“El próximo año tendremos el primer geoparque del Perú en Arequipa”, dijo. El embajador permanente del Perú ante la Unesco, Manuel Rodríguez Cuadros, señaló este martes que se declarará el Colca y los Volcanes de Andagua como parte de la red mundial de geoparques de la organización internacional que representa.

“Tener un geoparque significa tres cosas. En primer lugar, una opción de preservar la naturaleza. En este caso, con un enfoque geológico. En segundo lugar, vincular esta preservación con la vida de la gente. Aplicando, también, turismo sostenible. En tercer lugar, hacer que esta ecuación permita que las personas tengan mayores ingresos”, subrayó.

Manuel Rodríguez manifestó que se buscará un doble beneficio. Preservar el medio ambiente e incrementar el nivel de calidad de vida de la población. “Son los ejes fundamentales y una visión del desarrollo humano”, enfatizó.

Declaró durante el “IV Simposio Latinoamericano y el Caribe sobre Geoparques” que se realiza, desde hoy hasta mañana 24 de mayo, en el paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín. También asistieron varias autoridades, como la gobernadora regional y los consejeros.

En el mundo hay cerca de 230 geoparques. En Sudamérica hay 15. “Este será el primero en el Perú”, resaltó.

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“Se requiere el apoyo de varios sectores del Gobierno Central”, dijo. La gobernadora regional Yamila Osorio declaró este martes sobre la situación en Caylloma, a pesar de mostrar su optimismo con la mesa de negociación de alto nivel, indicó que el crecimiento de las 5 mineras que hay en la zona no han contribuido de forma proporcional con el desarrollo de esta provincia.

“Necesitamos apoyo de los ministerios, para satisfacer las demandas de la población principalmente de la parte alta de Caylloma, porque necesitamos más y mejores vías para que puedan promover el desarrollo de estos pueblos; si bien hay minería, el desarrollo de la zona no está en concordancia con el crecimiento de la actividad minera”, declaró.

Osorio explicó que la mesa debatirá sobre cuatro puntos que preocupan a las autoridades y a los pobladores de la provincia.

Primer punto, Angostura. Diálogo que abarcará el destino de los comuneros de Pusa Pusa, quienes vendieron sus hectáreas para que se construya la represa. A dónde van a ir a radicar. Segundo, la construcción de la carretera Vizcachani – Sibayo – Callalli – Caylloma – Orcopampa.

El tercer punto, es el fondo de desarrollo minero (existen cinco mineras en la región y los pobladores exigen que estas se encarguen de construir y restaurar las vías). El último punto es sobre la actualización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Majes Siguas II. Las conversaciones continúan.

“Las demandas son legítimas”, continuó. Yamila Osorio señaló que el Gobierno Regional apoyará a la provincia de Caylloma. Destacó que los compromisos del Gobierno Regional, son compromisos institucionales que trascienden a las personas de turno que estén en los ministerios.

“Lamentamos la renuncia del ministro de Transportes, Martín Vizcarra. Él nos ha apoyado mucho en el financiamiento para obras viales de gran envergadura. Pero tenemos que mirar hacia delante. Las obras no pueden parar”, sostuvo.

 

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Tras el peligro en que se encuentran cientos de hectáreas en la zona de Alto Siguas en Majes- Caylloma, luego que se filtrara el agua con que se riegan los terrenos del proyecto Majes I, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) decidió como solución inmediata construir pozos para que desde ahí se pueda drenar dicho líquido, pero la Contraloría de la República ha observado dicho proyecto.

Según el informe emitido por especialistas del Órgano de Control Institucional de Autodema en Arequipa, estos pozos se ejecutarían sin contemplar al cien por ciento el expediente técnico original, lo que provocaría un perjuicio al Estado de por lo menos un millón de soles.

Los estudios de campo indicarían que los pozos que se han excavado con 24 pulgadas de diámetro, y seis metros de profundidad, no coinciden con el diseño del expediente técnico, ni con el presupuesto establecido. Las dimensiones deberían ser de 24 pulgadas desde cero hasta 50 metros de profundidad.

Igualmente el expediente técnico no contempla que medida de tubería deberá instalarse en los pozos, y posteriormente el trayecto por donde circulará el agua, que tendrá una extensión de 2.6 kilómetros; en cuanto a los pozos 2, 3 y 4 no se ha cumplido con el expediente técnico original, el cual contempla un perfil geológico que debió ser realizado por un profesional en hidrogeología.

Otra de las razones que da este informe, indica que la supervisión de la obra no se estaría dando de una manera adecuada, ya que el material logístico necesario para cumplir cabalmente esta función, no ha sido adquirido.

De los 13 millones 500 mil soles que se ha presupuestado para realizar e4stos pozos y solucionar las filtraciones en Alto Siguas, estas irregularidades en su ejecución provocaría un perjuicio económico al Estado de un millón 373 mil soles.

Como se recuerda, estos deslizamientos son tan gigantescos que habrían involucrado a la fabrica de Leche Gloria y a un tramo de la Panamericana Sur.

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“Delante de mí, en mi cara le ha dicho a Pepe Julio Gutiérrez que ella se va a encargar que se pudra en la cárcel”, acusó Vladimir Fuentes Calderón, abogado de Pepe Julio Gutiérrez, al referirse a la fiscal Alejandra María Cárdenas. El incidente se habría producido en una audiencia de ampliación de prisión preventiva durante el mes de enero de este año.

El abogado señaló un supuesto “odio” de parte de la fiscal hacia el exdirigente del Frente de Defensa del valle de Tambo. Sin embargo, sostuvo que no existiría motivo real para tal comportamiento de la representante del Ministerio Público. “Parece que fuera una situación personal”, declaró.

Por ello, la defensa de Pepe Julio Gutiérrez solicitó que la fiscal sea apartadA del caso. En el documento presentado por Fuentes Calderón, se argumenta que Cárdenas “ha excedido sus funciones llegando a demostrar una enemistad notoria en contra de mi patrocinado y toda su familia y viene obrando sin la imparcialidad correspondiente, lo que genera que su labor resulte sesgada en lugar de perseguir la consecución de la justicia”.

El pedido fue respondido por Alejandra María Cárdenas en un descargo presentado ante la Fiscalía Coordinadora del Área Penal. No obstante, señaló que es necesario que el caso sea atendido por jueces y fiscales de Lima, por tratarse de un tema de interés nacional.

Al respecto, Vladimir Fuentes señaló que no es necesario que el proceso se desarrolle en Lima. “Cualquier procesado tiene derecho al juez natural. El juez que le corresponde a Pepe Julio Gutiérrez es el juez de Mollendo porque él vivía allí. En el momento en que Pepe Julio Gutiérrez es detenido había el movimiento social en Mollendo. Por esa razón lo trajeron aquí. Pero ahora no sucede nada, por lo tanto no hay una justificación legal para que el proceso se tramite en Lima”, justificó.

El abogado también lamentó que no se le haya entregado copias de la pericia contable realizada por el Ministerio Público a los acusados, la cual obraría en autos desde septiembre del 2016 y que viene solicitando desde mediados de este mes, sin obtener respuesta.

PIDEN RECTIFICACIÓN

Visiblemente afectados, los padres y hermana de Pepe Julio Gutiérrez negaron la publicación de un diario local donde se les acusa de haber amenazado a Alejandra María Cárdenas. Elena Lazo, hermana del exdirigente, afirmó que se está causando mucho dolor a sus padres. “Somos personas honorables”, clamó al exigir una rectificación.

Vladimir Fuentes se refirió al descargo de Cárdenas, citado por el diario local, afirmando que en ninguna parte del documento la fiscal señala haber recibido amenazas de Pepe Julio Gutiérrez o de su familia. Por ello remitió una carta notarial a dicho medio, no descartando el recurrir a las autoridades judiciales.

Al cierre de esta nota, la página web del referido diario publicó una nota asegurando que dicha redacción tuvo acceso al descargo de María Alejandra Cárdenas. Además, recalcan que en dicho informe sí se hace referencia a las amenazas de las que sería objeto la fiscal.

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Esta tarde, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones resolvió absolver a Alfredo Zegarra del presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de rehusamiento o demora de actos funcionales. En la acusación estaban incluidos otros cuatro exfuncionarios de la comuna provincial.

El edicto de la sala resolvió declarar la nulidad en lo referente a la reparación civil, dado que no es fijada en la sentencia del Primer Juzgado Unipersonal. La instancia superior determinó que otro juez sea el responsable de fijar una reparación civil adecuada con la falta.

Zegarra y los coacusados habían sido señalados por supuestamente no responder a los requerimientos de la Contraloría. Esta institución requirió documentación a Zegarra y a sus entonces funcionarios, la misma que -según la defensa del alcalde- fue respondida mediante proveídos.

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones está conformada por los magistrados Fernán Fernández, Sandra Lazo y Nicolás Iscarra.

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